INTERMINABLE
Caso Terrenos (escribana sobreseída): Intendencia presentó denuncia contra la profesional y Fiscalía analiza solicitud de formalización de la investigación.
La Administración Departamental, con la firma del Intendente Miguel Abella, promovió una denuncia penal tras concluir que existirían elementos que indicarían la utilización de documentación con contenido presuntamente falso para tramitar permisos de construcción sobre un padrón rural. De legajos a los que accedió Cadena del Mar, surge que el inmueble con un valor de mercado millonario en dólares estadounidenses nunca dejó de "encontrarse bajo régimen de condominio"; elemento sensible para la causa. Dos inmobiliarias también serían citadas.
Una nueva derivación vinculada al denominado "Caso Terrenos" vuelve a colocar bajo análisis actuaciones notariales utilizadas -en este caso- para la tramitación de permisos de construcción, esta vez en el área circundante a José Ignacio.
La investigación involucra a más de una escribana, pero resalta la participación en "maniobras pasibles de eventuales reproches penales" de una de las notarias sobreseídas días atrás; causa que tiene origen en la denuncia promovida por la Intendencia Departamental de Maldonado, luego de que la Asesoría Jurídica entendiera que existirían "aparentes hechos con relevancia delictiva" durante el estudio pormenorizado de un expediente administrativo, al que también tuvo acceso nuestro medio de comunicación.
De acuerdo con una investigación realizada por Cadena del Mar en su segmento #CadenaInvestiga, mediante una resolución firmada por el Intendente Departamental, Miguel Abella, se encomendó al Departamento de Asuntos Legales para formular la correspondiente denuncia penal, tras una investigación administrativa que incorporó informes técnicos y registrales.
La actuación se centra en la documentación presentada para obtener los permisos de construcción identificados con los expedientes identificados con los números 0554/2021 y 04423/2021, tramitados —según surge de las actuaciones administrativas— en contravención al artículo 4 del Decreto 3718/1997, "correspondiente a la Ordenanza General de Construcciones vigente".
Días atrás, Cadena del Mar fue el único medio de comunicación presente durante la lectura íntegra de la sentencia que dispuso el sobreseimiento de una serie de escribanos, así como comerciantes.
La audiencia, que se extendió durante más de tres horas, fue seguida desde el Centro de Justicia por nuestro compañero Marcelo Umpierrez.
Si bien se trata de expedientes diferentes, la nueva denuncia presenta puntos de contacto con aquel proceso por la participación de una de las profesionales sobreseídas, determinadas actuaciones notariales, la documentación incorporada y el mecanismo utilizado para la tramitación de permisos de construcción y afines.
El certificado de propiedad quedó en el centro de la investigación
De acuerdo con la denuncia presentada por la Intendencia, uno de los documentos cuestionados es un certificado notarial de propiedad expedido por la escribana María Virginia Pita, mediante el cual se hacía constar que el solicitante era propietario exclusivo del inmueble.
Sin embargo, el informe elaborado por la División Notarial de la propia Intendencia concluyó que esa condición no se ajustaba a la realidad registral, ya que el padrón se encontraba —y continúa encontrándose— bajo régimen de condominio. Se trata de inmuebles con valor de mercado millonario en dólares estadounidenses; y según supo Cadena del Mar, se analiza la comparecencia de al menos dos representantes de empresas inmobiliarias.
La investigación administrativa sostiene que en dicho certificado se habría "omitido la existencia de los restantes copropietarios", circunstancia que llevó a la Administración Departamental a considerar que el documento sería presuntamente ideológicamente falso al atribuir una calidad dominial inexistente.
También se cuestiona un certificado de representación
La denuncia alcanza además a un certificado notarial de poderes y representación expedido por otra profesional, identificada por las iniciales M.L.S.M.
Según el expediente, ese documento afirmaba que el solicitante contaba con amplias facultades para representar a los demás condóminos del inmueble. No obstante, la Intendencia sostiene que los poderes invocados habrían sido posteriormente denunciados como inexistentes, por lo que también se presume que el contenido de esa certificación no se correspondería con la realidad jurídica.
Los registros oficiales contradicen la documentación presentada.
Uno de los elementos centrales incorporados a la investigación es el informe confeccionado por el escribano de la División Notarial de la Comuna, complementado con la información proporcionada por la Dirección General de Registros (DGR).
De ese análisis surge que, tanto al momento del otorgamiento de los permisos de construcción —el 30 de julio de 2021 y el 19 de mayo de 2022— como en la actualidad, el padrón rural número 16.263 permanecía en régimen de condominio.
Los antecedentes registrales establecen la existencia de varios titulares sobre el inmueble, entre ellos el denunciado y otros copropietarios, aunque el expediente aclara que no fue posible determinar con exactitud las cuotas partes correspondientes a cada uno debido a la falta de la totalidad de la documentación dominial.
No obstante, la existencia del condominio quedó plenamente acreditada para la Administración.
La Intendencia entiende que existen hechos con apariencia delictiva.
Sobre la base de estos elementos, la Asesoría Jurídica concluyó que existían "indicios suficientes para promover una denuncia penal".
En el escrito presentado se sostiene que el "interesado no era propietario exclusivo del inmueble, sino únicamente condómino, por lo que el certificado de propiedad habría atribuido una situación jurídica inexistente al omitir la participación de los demás titulares".
Asimismo, la Administración considera que el "certificado relativo a los poderes de representación también presentaría inconsistencias relevantes", al hacer referencia a facultades cuya existencia habría sido cuestionada durante la investigación.
Ahora será la Fiscalía la que deberá analizar si corresponde solicitar la formalización de la investigación.
Posteriormente, la Justicia será quien eventualmente haga lugar a lo peticionado para que el Ministerio Público determine si entiende que la documentación utilizada durante la tramitación de los permisos de construcción configura la eventual comisión de delitos y establecerá las responsabilidades que pudieran corresponder. De ese modo, podría solicitarse también a la Justicia que haga lugar a la imputación de las presuntas autoras de la comisión de ilegalidades que encuadrarían en más de un tipo penal.
Imágenes: ilustrativas Cadena del Mar + Marcelo Umpierrez.
