Sauce de Portezuelo: investigan más de 150 ocupaciones y presuntos negocios ilegales con terrenos.

La creciente ocupación y apropiación de terrenos en el área de Sauce de Portezuelo generó un escenario de alta preocupación entre vecinos y autoridades, en medio de denuncias que apuntan a un fenómeno que no sólo aumentó en cantidad, sino también en velocidad y modalidad de ejecución.

En distintos puntos del balneario comenzaron a aparecer padrones cercados, con cartelería de propiedad privada y referencias a derechos posesorios, en muchos casos sin antecedentes visibles de utilización previa (actos de dueño mantenidos durante un tiempo prolongado).

Según un relevamiento impulsado por vecinos, la cifra ascendería a “unos 150 inmuebles intervenidos ilegalmente en menos de un año”.

“Desde hace unos meses se está dando una situación que nos preocupa mucho: hay una serie de ocupaciones de terrenos en forma organizada”, indicó uno de los residentes que viene documentando los casos minuciosamente.

Los testimonios coinciden en que las acciones no ajustadas a Derecho se realizan en tiempos muy breves y bajo una lógica repetida: limpieza intensiva del terreno, instalación de alambrados y colocación de carteles que buscan consolidar la imagen de ser propietarios.

UN PATRÓN QUE SE REPITE EN DISTINTOS PUNTOS:

Otros vecinos consultados por Cadena del Mar describen que muchas de estas acciones comienzan con trabajos de maquinaria pesada fuera de horarios habituales de control.

“Uno empieza a sentir el ruido de las máquinas y las motosierras sobre las seis o siete de la tarde, incluso fines de semana, y en pocas horas el terreno queda completamente despejado”, relató otro denunciante.

Según explicaron, no se trata de limpiezas vinculadas a proyectos de construcción formales, sino de movimientos destinados a delimitar el área rápidamente. Lo que demuestra el conocimiento del área y sus deslindes según planos de mensura registrados ante la Dirección Nacional de Catastro y también la Intendencia Departamental de Maldonado.

A esto se suma otro elemento que genera inquietud: en algunos casos, los trabajos se realizan en zonas con vegetación nativa o en áreas cercanas a la costa, donde existen restricciones ambientales específicas.

También se reportaron movimientos de suelo y extracción de áridos, prácticas que están prohibidas sin autorización, lo que refuerza la sospecha de que se trata de intervenciones fuera del marco normativo.

Cadena del Mar entrevistó en los últimos días, de forma presencial, a una serie de personas con conocimiento de la preocupante temática: desde funcionarios hasta damnificados.

Director General de Vivienda de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lussich:

“Se está desarrollando un trabajo en conjunto ante la preocupación que genera la ocupación constante de terrenos en Sauce de Portezuelo”.

El jerarca explicó que parte de la problemática se origina en la situación jurídica de la empresa propietaria de varios padrones, lo que ha generado una falta de control efectivo sobre esos terrenos.

Indicó además que distintas áreas de la Intendencia vienen interviniendo en forma coordinada, entre ellas Convivencia Ciudadana, Asesoría Jurídica, Gestión Ambiental e Ingresos Públicos, junto con el Municipio de Piriápolis y la participación activa de vecinos organizados.

En cuanto al rol de la Dirección de Vivienda, señaló que el cuerpo inspectivo actúa ante denuncias de ocupaciones, concurriendo a los predios, notificando a los ocupantes e intimando a presentar documentación que acredite la titularidad o derechos sobre el inmueble.

Las actuaciones luego son elevadas para su análisis jurídico y eventual continuidad en sede administrativa o judicial.

El Director también advirtió sobre la simultaneidad del fenómeno: “Ha habido una explosión de ocupaciones al mismo tiempo, lo que da la idea de que hay algo más armado que ocupaciones espontáneas”.

Encargada del destacamento policial de Sauce de Portezuelo, Silvia Juncal:

La jerarca confirmó que en los últimos días se incrementaron las denuncias vinculadas a posibles usurpaciones, lo que motivó una intensificación de los procedimientos en la zona.

“Nosotros recabamos toda la prueba, hacemos un relevamiento del lugar, averiguamos con vecinos y solicitamos al titular del bien la documentación para aportarla a Fiscalía”, explicó.

Detalló que el trabajo policial incluye relevamientos en los padrones denunciados, registro fotográfico, recopilación de testimonios y verificación de la documentación presentada por los ocupantes.

“Si se constata que el padrón era baldío y que la ocupación es reciente, el fiscal dispone el desalojo”, señaló.

También advirtió sobre la complejidad de algunos casos: “Hasta no tener la identificación de la persona que se hace responsable del padrón y la documentación correspondiente, no se puede finalizar el trámite”.

Directora de Convivencia Ciudadana de la Intendencia de Maldonado, Dra. Adriana Graziuso:

La jerarca advirtió sobre el uso indebido de los derechos posesorios como argumento para legitimar ocupaciones recientes.

“El gran problema es que muchas veces los derechos posesorios no son reales”, afirmó.

Explicó que este tipo de derecho implica una ocupación pública, notoria y prolongada en el tiempo, con actos visibles de mantenimiento o dominio, lo que en muchos casos no se estaría cumpliendo.

“Se ceden derechos posesorios diciendo que hace diez años que la persona está en el lugar cuando en realidad no estuvo ese tiempo”, sostuvo.

También alertó sobre las consecuencias jurídicas: “Cuando esas declaraciones no son ciertas, pueden derivar en responsabilidades penales”.

Desde el punto de vista institucional, indicó que la Intendencia ha mantenido acciones permanentes, incluyendo denuncias, reuniones con Fiscalía y ejecuciones judiciales sobre padrones con deudas, algunos de los cuales podrían llegar a remate.

Investigación en curso y posibles derivaciones penales.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la investigación también analiza la posible existencia de una estructura organizada, que podría estar operando mediante la ocupación de terrenos y la posterior comercialización de derechos posesorios.

En ese marco, no se descarta la eventual participación de profesionales en la instrumentación de estos documentos, situación que, de comprobarse irregularidades, podría derivar en delitos de falsificación y estafa.

Asimismo, se confirmó que una persona fue citada a declarar este martes a las 13:00 horas con asistencia letrada, tras ser vinculada a la intervención en aproximadamente 20 padrones del balneario.

Según surge de las actuaciones, el individuo habría desacatado una orden fiscal al reinstalar alambrados que habían sido previamente retirados por personal policial, lo que podría agravar su situación jurídica.

Marco Jurídico (Derecho Positivo):

Desde el punto de vista legal, la ocupación irregular de inmuebles puede encuadrar en el delito de usurpación, previsto en el artículo 354 del Código Penal, que establece penas de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría para quien, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito, ocupe total o parcialmente un inmueble ajeno o altere sus límites.

La norma fue modificada por la Ley número 18.116 y se aplica tanto a viviendas como a terrenos o predios, incluyendo situaciones en las que se instalan cercos, cartelería o se intenta consolidar posesión sin título legal hábil.

En casos donde las ocupaciones se realizan de forma coordinada o reiterada, la conducta también podría analizarse bajo el delito de asociación para delinquir, previsto en el artículo 150 del Código Penal, que sanciona con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría a quienes se asocien en número de cuatro o más personas para cometer delitos.

A su vez, cuando existe desobediencia a órdenes de la autoridad o incumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas, puede configurarse el delito de desacato, regulado en el artículo 173 del Código Penal, castigado con tres a dieciocho meses de prisión, al considerarse una conducta que menoscaba la autoridad pública.

Según fuentes consultadas por Cadena del Mar, la Fiscalía de 5° Turno cuyo titular es el Dr. Jorge Vaz González junto a su equipo integrado por las también Fiscales, Dra. Ana Laura Barrios y Dra. Carina Fernández, posee una Teoría del Caso muy sólida, que en las próximas horas arrojará novedades de relevancia.