MALDONADO
Delamar Lofts (La Barra) ANCAP reclamó y la IDM actuó; no se respetó la distancia mínima por pasaje de oleoducto con petróleo
La obra del edificio Delamar Lofts, ubicada en los accesos al balneario La Barra, permanece paralizada por disposición de las autoridades departamentales ante riesgos de seguridad vial y ambiental. Una serie de denuncias formales presentadas por inversores y copropietarios linderos expuso transgresiones en los planos aprobados y el ocultamiento de infraestructura crítica de alta peligrosidad bajo los cimientos.
Una serie de graves irregularidades normativas y de seguridad motivó la detención de un importante proyecto inmobiliario en la zona costera, tal cual venía adelantando Cadena del Mar durante las últimas semanas.
La problemática afecta directamente a la construcción del complejo denominado Delamar Lofts, un apéndice edilicio ubicado a la derecha de la ruta tras descender el puente ondulante de La Barra, según informó esta mañana nuestro compañero Marcelo Umpierrez.
La situación cobró estado público luego de que inversores y copropietarios del edificio lindero indicaran del "posible ocultamiento de información técnica de alta sensibilidad".
Las inspecciones habrían confirmado que el desarrollador del proyecto "ocultó a los compradores que un caño conductor de petróleo crudo cruza de manera subterránea por todo el frente del predio".
Los informes técnicos determinaron que "el ducto está a una distancia de 65 centímetros del muro frontal de la obra, a una profundidad de 1.7 metros a nivel del suelo".
El organismo público especializado advirtió de manera tajante a las autoridades locales que las obras civiles en ejecución se encuentran "incumpliendo con la ley de servidumbre".
La preocupación de los ingenieros estatales radica en que "no podrían asegurar que durante la construcción de sus cimientos no hayan daños sobre nuestro ducto o sobre su revestimiento".
Las autoridades de la petrolera estatal recordaron que la red de cañerías transporta el crudo desde la boya de José Ignacio hasta la refinería de La Teja y se encuentra actualmente al límite de su vida útil.
Los antecedentes técnicos de la infraestructura registran roturas previas de gravedad en el arroyo Solís y en las proximidades de San Luis, eventos que generaron derrames petroleros e importantes daños ambientales.
Frente a este escenario de riesgo, la Intendencia Departamental de Maldonado no dio por satisfechas las explicaciones de la empresa constructora y exigió la realización de mediciones tridimensionales certificadas de urgencia.
Una inspección municipal constató además que "la mensura remitida no se correspondía con la obra", exigiendo la presentación inmediata de planos veraces y el ordenamiento de los accesos dentro del predio.
A las observaciones estatales se sumó una demanda civil patrocinada por el agrimensor Daniel Voix, la cual constató que el proyecto se expandió de manera ilegal sobre los retiros laterales.
Los denunciantes comprobaron que el edificio terminó avanzando 19 metros sobre las áreas de separación obligatorias.
Las autoridades regulatorias exigieron la implementación de un sistema de monitoreo permanente de carga y estudios geotécnicos complejos antes de evaluar cualquier posible reanudación de las actividades constructivas.
