todos de acuerdo
Caso Cardama: La Asamblea General aprueba comisión bicameral para indagar la compra de buques.
El Parlamento uruguayo votó de manera unánime la creación de un órgano especial que investigará el proceso de adquisición de patrullas oceánicas (OPV) desde el año 2010. Tras intensas negociaciones entre el Frente Amplio y la oposición, se resolvió unificar las indagatorias en una sola comisión que contará con un plazo de seis meses para analizar presuntas irregularidades y la reciente rescisión del contrato con el astillero español.
La Asamblea General del Poder Legislativo aprobó en la víspera, por 127 votos en 127, la instalación de una comisión investigadora bicameral encargada de auditar el denominado caso Cardama.
Esta resolución surge tras el acuerdo alcanzado entre las diferentes bancadas para evitar la duplicación de esfuerzos, dejando atrás la idea inicial de conformar comisiones separadas en las cámaras de Senadores y Diputados.
La relevancia de esta investigación parlamentaria radica en el impacto económico para el Estado uruguayo —que ya desembolsó 30 millones de dólares— y las denuncias sobre la falsedad de las garantías presentadas por la empresa constructora durante el proceso de licitación y adjudicación.
La indagatoria tendrá un alcance temporal extenso, abarcando todas las gestiones vinculadas a la compra de buques de patrullaje oceánico desde 2010 hasta la actualidad.
El foco de los legisladores estará puesto en los hitos contractuales, el cumplimiento de las normas de bioseguridad y transparencia, y las razones por las cuales se aceptaron avales de fiel cumplimiento que resultaron ser fraudulentos.
El Presidente de la República, Yamandú Orsi, y el Prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, habían anunciado semanas atrás la rescisión unilateral del contrato debido a estos incumplimientos graves, lo que derivó en un conflicto jurídico internacional con el astillero.
El órgano especial estará integrado por 17 legisladores representantes de todos los partidos políticos con presencia en el Parlamento.
Los parlamentarios tendrán la facultad de convocar a autoridades actuales y anteriores, solicitar expedientes reservados del Ministerio de Defensa Nacional y analizar los informes jurídicos que recomendaron el cese del vínculo comercial.
El trabajo de la comisión, que comenzará formalmente este miércoles, se desarrollará en paralelo a las acciones legales que el Estado uruguayo inició para intentar recuperar los fondos públicos comprometidos.
Se espera que las conclusiones del grupo parlamentario no solo determinen responsabilidades políticas y administrativas, sino que también aporten claridad sobre el sistema de compras directas de armamento estratégico y la vigilancia de la soberanía en el mar territorial uruguayo.
