Asignaciones: el nuevo sistema de apoyo a niños y adolescentes.

La iniciativa prevé unificar los beneficios existentes, incrementar las asignaciones para los hogares de menores ingresos y avanzar de forma gradual hasta abarcar a todos los menores de edad.

El Gobierno estima que, si el proyecto es aprobado y las condiciones económicas se mantienen estables, la pobreza entre los niños de hasta tres años podría reducirse del 33% al 25% hacia 2029, una disminución cercana al 25%, según proyecciones elaboradas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

La estimación parte del supuesto de que la economía mantenga un comportamiento similar al actual, sin ingresar en una recesión y con un mercado laboral estable.

De cumplirse ese escenario, los primeros beneficiarios serán los menores de tres años que integran la mitad de los hogares más vulnerables del país.

El Director de la OPP, Rodrigo Arim, aclaró que el efecto de la reforma será progresivo y que su verdadero alcance podrá evaluarse cuando el nuevo sistema comprenda a toda la población menor de edad, incluyendo adolescentes.

Añadió que las transferencias económicas deberán complementarse con políticas vinculadas al empleo, la educación y los cuidados para generar cambios estructurales.

Diversos especialistas coincidieron en que el aumento de las asignaciones constituye un avance, aunque advirtieron que por sí solo no resolverá la pobreza infantil.

Entre ellos se encuentran el economista Antonio Manzi, exdirector de Transferencias del Ministerio de Desarrollo Social; el actual Director de Transferencias, Juan Martín Fernández; Nicolás Cichevski, de CPA Ferrere; y Matías Brum, de la Universidad ORT Uruguay.

Los técnicos sostienen que el incremento de las prestaciones puede generar mejoras en aspectos como la alimentación durante los primeros mil días de vida, las condiciones habitacionales y la permanencia en el sistema educativo, aunque consideran indispensable acompañar estas medidas con otras políticas públicas.

El programa contará con una inversión inicial de US$ 31 millones a partir de enero de 2027. Ese año alcanzará a embarazadas y a niños nacidos en 2025, 2026 y 2027, beneficiando a unas 54.000 personas.

Según el cronograma previsto, en 2028 se incorporarán los nacidos durante ese año, lo que elevará la inversión a casi US$ 43 millones a valores actuales. En 2029 se destinarán otros US$ 47 millones y, de acuerdo con Arim, el objetivo es seguir ampliando los recursos en futuras Rendiciones de Cuentas si la situación fiscal lo permite.

La propuesta también reorganiza el sistema de prestaciones. Desde 2027 dejarán de otorgarse por separado la Tarjeta Uruguay Social, las Asignaciones Familiares y el Bono Crianza, que pasarán a integrarse en una asignación única de pago mensual.

Para definir los montos se utilizará el Índice de Carencias Críticas (ICC), herramienta que clasifica a los hogares según su nivel de vulnerabilidad. Las prestaciones estarán dirigidas a los cinco primeros deciles de ingresos, es decir, a la mitad de los hogares con niños y adolescentes en situación más vulnerable.

Durante la primera etapa, el nuevo esquema abarcará únicamente a embarazadas y a niños de hasta tres años. Quienes tengan cuatro años o más continuarán percibiendo las prestaciones actuales hasta ser incorporados progresivamente al nuevo sistema.

Las embarazadas, los menores de hasta tres años y las personas con discapacidad moderada o severa pertenecientes al primer y segundo decil recibirán $10.000 mensuales por cada beneficiario. En el tercer y cuarto decil el monto será de $6.600, mientras que en el quinto alcanzará los $3.300.

En el caso de los niños y adolescentes bajo protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el proyecto establece que serán considerados como integrantes del primer decil cuando sean menores de tres años o se trate de embarazadas, y del tercer decil cuando superen esa edad.

La Rendición de Cuentas mantiene, además, un mecanismo de contraprestación educativa. Los beneficiarios que se desvinculen del sistema de enseñanza no perderán la totalidad de la asignación, pero se les retendrá el 20% del beneficio mientras se procura su revinculación.

Por otra parte, el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Desarrollo Social asumirán un rol más activo para identificar e incorporar a quienes aún no reciben estas prestaciones, especialmente durante el embarazo, con el objetivo de llegar antes del nacimiento y mejorar las condiciones de desarrollo desde los primeros días de vida.

El proyecto también fortalece las tareas de control del BPS, obligando a los organismos del Estado a intercambiar información para evitar pagos indebidos y, al mismo tiempo, detectar con mayor rapidez a quienes cumplen las condiciones para acceder a los beneficios.

La medida busca mejorar la coordinación entre instituciones y hacer más eficiente la implementación de las políticas sociales.