Sistema penitenciario
Unidad de Rehabilitación N°13 Las Rosas: sobrepoblación, reincidencia y falta de personal.
La Comisión de DDHH y Seguridad Ciudadana de la Junta Departamental recorrió el establecimiento penitenciario de Maldonado y accedió a datos vinculados al “hacinamiento”, la “falta de funcionarios”, la reincidencia delictiva y las limitaciones en materia de educación y rehabilitación.
La Unidad Penitenciaria Las Rosas, ubicada en Maldonado, atraviesa una situación crítica marcada por la “sobrepoblación carcelaria”, la escasez de recursos humanos y las dificultades estructurales para sostener procesos de “rehabilitación” y reinserción social.

Integrantes de la Comisión de DDHH y Seguridad Ciudadana de la Junta Departamental realizaron una recorrida institucional por el establecimiento, donde mantuvieron reuniones con autoridades y conocieron de primera mano distintos indicadores sobre el funcionamiento diario del sistema penitenciario departamental.
Durante la visita se informó que el centro fue diseñado originalmente para albergar a unas “570 personas privadas de libertad”; sin embargo, actualmente la población alcanza los “1.272 internos”, una cifra que prácticamente duplica la capacidad prevista y que genera un escenario de “hacinamiento permanente”.
Las autoridades también explicaron que el flujo de ingresos y egresos “se mantiene constante”. Según los datos aportados por el Edil nacionalista Fabricio Rodríguez, diariamente recuperan la libertad unas “10 personas”, aunque en paralelo ingresan aproximadamente otras “10”, situación que provoca que la cantidad total de reclusos permanezca estable en los actuales niveles de ocupación.
Otro de los puntos planteados refiere a la “insuficiencia de funcionarios policiales” para atender una población penitenciaria de esas dimensiones. De acuerdo con los criterios técnicos y manuales del Ministerio del Interior, para una cárcel con alrededor de “1.272 internos” serían necesarios al menos “450 efectivos”.
No obstante, la realidad operativa está lejos de esa cifra. Actualmente la unidad cuenta con “138 funcionarios nominales”; de ellos, “104 cumplen tareas efectivas”, mientras que otros “34 permanecen con certificación médica”. Además, durante las jornadas de visitas se requiere apoyo complementario de efectivos de la Guardia Republicana.
En materia de rehabilitación, las autoridades señalaron que cerca de “250 internos” participan en actividades laborales y aproximadamente “300” desarrollan procesos educativos. Dentro de ese total, unos “160 cursan educación secundaria”, “30 participan en primaria”, “60 integran el Plan Rumbo” y otros mantienen vínculos con propuestas de formación terciaria.
Sin embargo, también fueron señaladas carencias vinculadas a herramientas tecnológicas y educativas. Entre las principales dificultades aparecen la “falta de acceso adecuado a internet” y la inexistencia de una “sala de alfabetización digital”, aspectos considerados fundamentales para fortalecer los procesos de reinserción social.
Otro de los datos aportados durante la recorrida refiere a la “reincidencia delictiva”. Según la información manejada en la unidad, “7 de cada 10 personas privadas de libertad” ya habían tenido condenas anteriores y regresaron posteriormente al sistema penitenciario.
Asimismo, se informó que una cantidad significativa de internos alojados en Las Rosas corresponde a personas provenientes del departamento de Rocha que permanecen bajo “prisión preventiva”, debido a limitaciones de infraestructura y capacidad operativa en ese departamento.
En paralelo, las autoridades adelantaron que próximamente se concretará el traslado de unas “60 mujeres privadas de libertad” hacia la nueva cárcel femenina que está siendo construida en Montevideo y cuya inauguración está prevista para el próximo mes.
La situación observada en la Unidad Las Rosas vuelve a instalar el debate sobre las “políticas penitenciarias”, la reincidencia y las condiciones necesarias para construir una “seguridad pública sostenible”.
Desde la comisión departamental señalaron que el desafío “excede el encierro” y requiere inversión en personal, educación, trabajo y programas reales de rehabilitación.