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Tratamientos de alto costo (Uruguay): Ministerio de Salud Pública impulsa estrategia para regular acceso.
Una mesa de trabajo multidisciplinaria comenzó a delinear una hoja de ruta institucional con el objetivo de consolidar una política de Estado y mitigar el crecimiento exponencial de los recursos de amparo. Las autoridades buscan compatibilizar la incorporación de terapias innovadoras bajo criterios de evidencia científica con la estabilidad financiera del Sistema Nacional Integrado de Salud.
El Ministerio de Salud Pública lideró una instancia de debate interinstitucional orientada a confeccionar una planificación estratégica sobre medicamentos y procedimientos de alto precio.
La jornada de intercambio se desarrolló este jueves en la sede de la Secretaría de Estado bajo la coordinación directa de la Ministra Cristina Lustemberg.
El encuentro convocó a representantes de la Suprema Corte de Justicia, delegados de las comisiones de Salud del Poder Legislativo, miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos y prestadores médicos.
La iniciativa cuenta con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud para procesar e implementar las propuestas surgidas de las mesas de análisis.
Uno de los ejes centrales de la convocatoria radica en frenar el fenómeno de judicialización de la medicina, el cual registró un incremento de 331 recursos de amparo en 2018 a 2219 casos durante el año 2025.
La tendencia al alza se mantuvo durante el transcurso del primer semestre del corriente año con la presentación formal de 1328 nuevas acciones legales ante los tribunales competentes.
El cumplimiento de los fallos judiciales por tratamientos de elevado valor económico demandó al Estado uruguayo una erogación cercana a los 159,5 millones de dólares.
Las autoridades sanitarias advirtieron de manera complementaria que un porcentaje significativo de los fármacos demandados por la vía judicial carece de registro sanitario autorizado en el territorio nacional.
En la actualidad, el Fondo Nacional de Recursos brinda cobertura financiera para el tratamiento de 45 patologías específicas y costea un total de 87 medicamentos especiales.
La planificación estatal aspira a definir líneas de acción colectivas que garanticen una distribución equitativa y sostenible de las tecnologías médicas avanzadas en el mercado local.