Fernández Albín (Amenazas): "Tengo tanto odio contra ustedes que la van a pagar".

El Instituto Nacional de Rehabilitación activó una nueva respuesta penal y administrativa contra Luis Fernando Fernández Albín, luego de que se difundiera una carta manuscrita con amenazas dirigidas a funcionarios y autoridades del organismo.

La decisión incluyó una denuncia ante Fiscalía, una sanción gravísima dentro del régimen carcelario y el traslado del recluso a un sector de alta contención y mayor vigilancia.

Según informaron los colegas periodistas de El Observador, la denuncia fue motivada por el contenido de una misiva en la que Fernández Albín profirió amenazas contra personal de la institución.

El escrito fue divulgado públicamente y, a partir de su evaluación, las autoridades penitenciarias resolvieron elevar el caso al ámbito penal y reforzar las condiciones de control sobre el interno.

Fernández Albín se encuentra privado de libertad desde el 20 de diciembre de 2025 bajo el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento de personas consideradas de alto riesgo para la seguridad pública.

Ese marco permite aplicar medidas específicas de vigilancia, aislamiento operativo y supervisión diferenciada frente a internos cuyo perfil exige mayores niveles de contención.

La sanción administrativa dispuesta por el INR derivó en su traslado a un área de alta contención, donde cumplirá la medida bajo un esquema más estricto.

La resolución busca reducir riesgos internos, preservar la seguridad del personal penitenciario y evitar que eventuales amenazas generadas desde la cárcel tengan proyección fuera del establecimiento.

En paralelo, el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios emitió una declaración pública fechada este 10 de julio, en la que expresó su respaldo al funcionariado del INR y, en particular, a la Directora del organismo, Ana Juanche, y al Subdirector, Jorge Camargo.

La organización sostuvo que las amenazas deben leerse dentro de una modalidad de actuación del crimen organizado que procura amplificar sus mensajes mediante espacios informativos y plataformas de comunicación.

El comunicado sindical también recordó que Fernández Albín ya había demostrado capacidad de presión sobre las autoridades, al promover de forma simultánea huelgas de hambre en la Unidad N.º 3, Libertad, y en la Unidad N.º 5, Cárcel de Mujeres, con el propósito de negociar sus condiciones de reclusión.

Para Sitrapen, el nuevo episodio vuelve a exponer las tensiones que atraviesa el sistema penitenciario cuando debe custodiar a personas vinculadas a delitos de alta complejidad.

El sindicato planteó que el país necesita avanzar hacia una normativa penitenciaria especial para integrantes de organizaciones criminales de alta peligrosidad, con énfasis en seguridad, control y establecimientos diseñados para ese tipo de perfiles.

También reclamó que, mientras no exista personal penitenciario y policial suficiente, se evalúe la incorporación de apoyo militar en tareas logísticas y operativas, siempre dentro del marco legal vigente.

Entre sus puntos centrales, Sitrapen pidió además la creación de una Fiscalía especializada en cárceles y una investigación sobre las denuncias formuladas públicamente por Fernández Albín respecto a sus condiciones de reclusión.

La organización propuso que esa revisión sea realizada por la Oficina del Comisionado Parlamentario, con el objetivo de verificar los hechos, evaluar si las condiciones se ajustan al marco jurídico y comunicar sus conclusiones a la opinión pública.

El nuevo episodio se agrega a una trayectoria judicial de fuerte complejidad.

Fernández Albín cumple una condena de 10 años y tres meses de penitenciaría por organización de actividades de narcotráfico, contrabando, lavado de activos, tráfico interno de armas de fuego y porte y tenencia de un arma con signos de identificación suprimidos, todo en régimen de reiteración real.

La condena se produjo en el marco de la Operación Nueva Era II, una investigación que incluyó cooperación internacional y que permitió su detención en Argentina, donde había sido ingresado a prisión con fines de extradición hacia Uruguay.

Las actuaciones estuvieron vinculadas a una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y posterior envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior, además de maniobras de lavado de activos.

El expediente también tuvo como antecedente la incautación de 2.200 kilos de cocaína en una chacra de Punta Espinillo, ocurrida en agosto de 2025.

En esa causa, la Fiscalía Especializada en Estupefacientes concluyó que dinero proveniente del narcotráfico fue utilizado para adquirir bienes de alto valor, algunos de ellos colocados a nombre de terceros.

Entre los bienes alcanzados por la Justicia figuran dos chacras en Punta Espinillo, propiedades en Las Piedras y Ciudad de la Costa, cuatro camionetas, dinero en efectivo y tres fusiles con cargadores y municiones.

Como parte de la condena, se dispuso el decomiso de esos activos, en una línea de investigación que también derivó en condenas a otras personas por delitos vinculados al lavado.

El caso mantiene además otras derivaciones abiertas: Fernández Albín continúa siendo investigado como presunto responsable intelectual del atentado contra la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Esa línea, todavía en curso, suma un componente institucional sensible a un perfil criminal que ya estaba bajo especial observación del sistema penitenciario.

La denuncia por amenazas, la sanción interna, el traslado a un régimen de mayor vigilancia y el pronunciamiento sindical vuelven a colocar el foco en el control de reclusos considerados de alto riesgo.

Para las autoridades y los trabajadores penitenciarios, el desafío no se limita a custodiar el cumplimiento de una pena: también implica impedir que desde la cárcel se proyecten presiones, mensajes intimidantes o nuevas formas de influencia sobre funcionarios, instituciones y procesos judiciales.