TRÁFICO
Radares (Uruguay): recaudación por multas en rutas nacionales se destinará a la compra de tecnología de seguridad.
El proyecto normativo prevé que la recaudación por infracciones electrónicas se derive de forma directa al Ministerio del Interior para potenciar el sistema de videovigilancia. La iniciativa gubernamental apunta a financiar la instalación de "anillos digitales" en las zonas de frontera para optimizar las tareas de inteligencia y el combate contra la delincuencia organizada.
El proyecto de la Ley de Rendición de Cuentas remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional introduce un cambio estratégico en la asignación de los recursos públicos orientados a la seguridad pública.
La propuesta legislativa busca dotar de mayor financiamiento y herramientas tecnológicas a la Policía Nacional mediante la reestructura de fondos específicos.
El articulado establece formalmente que el total de lo recaudado por infracciones de tránsito en las rutas nacionales pasará a las arcas del Ministerio del Interior.
La medida impositiva abarcará únicamente a aquellas sanciones económicas que resulten debidamente comprobadas mediante dispositivos de fiscalización electrónica.
El dinero obtenido por los radares de velocidad se catalogará como recursos con afectación especial para la compra de anillos digitales.
Estas estructuras consisten en pórticos inteligentes equipados con cámaras de lectura automática de matrículas en tiempo real y sistemas avanzados de reconocimiento facial.
La cartera que dirige el Ministro Carlos Negro proyecta utilizar esta tecnología para consolidar un fuerte anillo fronterizo con Argentina y Brasil.
El plan gubernamental estima la colocación inicial de 18 pórticos inteligentes que operarán de manera complementaria con la infraestructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
La planificación tecnológica sumará el despliegue de estructuras móviles de control para desarrollar tareas de fiscalización sorpresivas y dinámicas en puntos clave del territorio.
La secretaría de Estado pretende replicar el modelo operativo que actualmente circunda a Montevideo, donde la videovigilancia optimizó las tareas de inteligencia criminal.