Movilidad eléctrica (IMESI): señal que preocupa.

El avance de los vehículos eléctricos en Uruguay, que venía consolidándose como uno de los movimientos más visibles dentro del mercado automotor, quedó atravesado por una decisión fiscal que abrió un frente de inquietud entre empresas, importadores y organizaciones vinculadas a la movilidad sostenible.

La aplicación del IMESI a determinados modelos modificó el escenario de un rubro que hasta ahora se apoyaba en incentivos, previsibilidad y una lectura favorable hacia la transición energética.

El cambio establece que los autos eléctricos con un valor CIF —precio de importación que incluye seguro, flete y otros costos asociados— de entre US$ 19.000 y US$ 27.000 deberán pagar 5% de IMESI.

Para los modelos que superen los US$ 27.000, la carga será de 9%. La medida comenzará a regir el 1.º de enero de 2027 y, según las estimaciones oficiales, podría generar una recaudación cercana a los US$ 16 millones.

Según reconstruyó la periodista María Noel Durán en un pormenorizado trabajo para El Observador, el impacto del nuevo esquema no se limita al precio final de los vehículos.

La decisión también abrió interrogantes sobre inversiones, márgenes comerciales, patentes, comportamiento de los consumidores y confianza regulatoria en un sector que necesita planificación de largo plazo.

Uno de los puntos que más molestia generó entre los privados fue la forma en que se comunicó la resolución. Referentes del mercado aseguraron que se enteraron por la prensa, pese a haber mantenido reuniones previas con autoridades.

Esa secuencia fue interpretada como una señal de incertidumbre en las reglas de juego y como un freno inesperado para planes comerciales asociados a la electrificación del parque automotor.

El nuevo impuesto llega en un momento de fuerte expansión.

En el primer semestre, uno de cada tres autos 0 kilómetro vendidos en Uruguay fue eléctrico, una cifra que confirma el crecimiento de la demanda y el avance de nuevas marcas en el país.

Sin embargo, las proyecciones ya comenzaron a corregirse: antes del cambio tributario, el sector estimaba que los eléctricos podían alcanzar cerca del 54% de las ventas de vehículos nuevos en 2027; ahora, esa expectativa podría caer en torno al 40%.

La preocupación también alcanzó a posibles inversiones.

Fuentes del rubro indicaron que una operación importante, vinculada al ingreso de una firma al mercado local, quedó sin concretarse tras la definición del tributo.

El Presidente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, Ignacio Paz, confirmó públicamente esa situación, aunque evitó identificar a la empresa involucrada.

Desde el sector aclararon, además, que no se trataba de Tesla, la compañía de Elon Musk que recientemente avanzó en su desembarco en Uruguay.

El efecto inmediato podría verse antes de la entrada en vigencia del decreto.

Algunas empresas prevén que, durante la segunda mitad del año, se produzca un adelantamiento de compras por parte de consumidores interesados en adquirir vehículos antes de que comience a aplicarse la nueva carga.

Después de ese impulso, el ritmo de ventas podría moderarse.

También se abre una zona de tensión sobre los precios.

Algunos compradores podrían inclinarse por modelos más económicos para evitar las franjas alcanzadas por el impuesto, mientras que las automotoras analizan hasta dónde pueden resignar margen en unidades cercanas al límite tributario.

En particular, los vehículos ubicados entre US$ 28.000 y US$ 30.000 aparecen como los más sensibles, porque un pequeño ajuste comercial podría definir si quedan dentro o fuera de una categoría más gravosa.

Otro aspecto cuestionado es la utilización del valor CIF como referencia.

Los importadores advierten que ese parámetro puede cambiar por factores que no dependen directamente del precio del auto, como variaciones en el costo del petróleo, fletes internacionales, seguros o conflictos logísticos.

Bajo esa lógica, un modelo que hoy no quedaría alcanzado por el tributo podría ingresar a una franja más alta por circunstancias externas al producto.

La propuesta que había planteado el sector privado era diferente: aplicar una tasa general de 2% para todos los eléctricos, sin distinguir por valor.

El gobierno, en cambio, optó por un esquema escalonado que, según los empresarios, puede generar distorsiones comerciales y empujar estrategias artificiales de precios.

El debate también involucra a los híbridos enchufables, una tecnología que muchas empresas consideran clave como puente entre los motores tradicionales y los vehículos completamente eléctricos.

Dependiendo de la cilindrada, estos modelos podrían pasar de pagar 2% de IMESI a una carga mínima de 11%, con casos que llegarían hasta 34,5%, una tasa similar a la de un automóvil a combustión.

Para zonas con menor infraestructura de carga, esa pérdida de atractivo podría reducir una alternativa práctica de transición.

La patente aparece como otro frente abierto.

Ese tributo se calcula sobre el precio de venta del vehículo sin IVA, pero con IMESI, por lo que los modelos alcanzados por el decreto podrían terminar pagando más por circular. Desde Sucive señalaron que aún no hay definiciones sobre el tratamiento de los eléctricos, mientras el Intendente de Montevideo, Mario Bergara, afirmó que el Congreso de Intendentes analizará las exoneraciones vigentes.

Actualmente, los eléctricos 0 kilómetro pagan 3% anual sobre el valor del vehículo, los usados 2,5% y los autos a combustión 5%.

Más allá de los números, el trasfondo del reclamo está en el mensaje institucional. Para los principales actores del mercado, la movilidad eléctrica requiere estabilidad, volumen, infraestructura y señales coherentes.

Aunque la medida no alcanza a la mayoría de las cerca de 70 marcas de eléctricos presentes en Uruguay, su lectura simbólica generó inquietud porque introduce dudas en un proceso que venía ganando velocidad.

En ese marco, la Asociación Uruguaya de Energías Renovables planteó a la Ministra de Industria, Fernanda Cardona, la creación de una mesa de diálogo público-privada para revisar el futuro de la movilidad eléctrica.

La propuesta, según la organización, tuvo buena recepción y podría comenzar a tomar forma en las próximas semanas, con participación de los ministerios de Industria y Economía, UTE, ANCAP, AUDER y ACAU.

El Presidente de AUDER, Diego Oroño, sostuvo que una eventual revisión tributaria debería darse cuando el parque automotor alcance entre 10% y 15% de vehículos eléctricos, y no en una etapa todavía incipiente del proceso.

La discusión, por tanto, ya no se limita a un impuesto: abre una conversación más amplia sobre el ritmo, los incentivos y la coherencia de Uruguay en su transición hacia un transporte más limpio.