Familia Penadés: "Reclamamos audiencias públicas. Se tiene que saber lo que está pasando”.

La decisión de celebrar a puertas cerradas la quinta audiencia de Control de Acusación contra Gustavo Penadés provocó una dura reacción de sus familiares, quienes cuestionaron tanto las condiciones en las que transcurrió la instancia como diferentes aspectos procesales.

Mediante un comunicado, los allegados al ex legislador nacional, imputado por delitos sexuales, reclamaron que este tipo de actuaciones sean públicas y respaldaron la labor de sus representantes legales, Dr. Homero Guerrero y Dra. Laura Robatto.

“Cuando la verdad incomoda, siempre queda la tranquilidad de hacer las cosas en privado”, expresaron.

A su entender, la determinación adoptada derivó en que la comparecencia se desarrollara “en peores condiciones” que la anterior -aunque esta vez- “sin los ojos de la población sobre ellos”.

Uno de los ejes de la jornada estuvo centrado en Javier Viana, una de las víctimas comprendidas en la causa y actualmente radicado en España.

Los abogados de Penadés procuraban que fuera sobreseído respecto a las imputaciones vinculadas con los episodios denunciados por el precitado.

Argumentaron que los hechos se remontarían originalmente al año 1999, cuando tenía entre 22 y 23 años y, por consiguiente, ya era mayor de edad.

A partir de esa interpretación, sostuvieron que las acciones penales habrían quedado extinguidas por caducidad o prescripción, a más tardar en 2014.

A su vez, alegaron la existencia de una “orfandad probatoria notoria”.

La petición, sin embargo, fue desestimada.

La Jueza, Dra. Marcela Vargas, consideró que las circunstancias y declaraciones correspondientes a una víctima no pueden examinarse de manera aislada dentro de una investigación que comprende una presunta dinámica sistemática y compleja.

“No puedo agarrar una tijera y cortar a Viana y analizarlo”, manifestó la Magistrada al fundamentar su decisión. Explicó que las particularidades del expediente exigen un abordaje diferente al que podría realizarse frente a delitos como un hurto o una estafa y remarcó la aplicación de normas internacionales.

La Jueza puntualizó además que, en la actual etapa procesal, no corresponde determinar la existencia de prueba plena, sino ponderar la verosimilitud de los elementos presentados.

Respecto al tiempo transcurrido hasta la formulación de las denuncias, señaló que ese aspecto debe valorarse conforme a los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a delitos de naturaleza sexual. En ese contexto, hizo referencia a eventuales situaciones de “asimetría de poder” y al temor que, según la hipótesis acusatoria, podía generar la relevancia política que Penadés ostentaba como legislador.

El desarrollo de la instancia también estuvo marcado por momentos de elevada tensión entre la Dra. Vargas y los Dres. Guerrero y Robatto.

Durante uno de esos intercambios, la Magistrada calificó la dinámica generada como un “conventillo” y reprochó a los profesionales que, “en vez de” plantear “un debate jurídico”, realizaran “una performatividad en el ámbito público”.

Tras lo sucedido, los familiares de Penadés salieron en respaldo de sus representantes legales.

“Se acusa a nuestra defensa de subir el tono. Lo que no entienden es que el tono ya no alcanza”, manifestaron. En el mismo documento afirmaron que su voz está quedando “debajo de alguna mano” que, según sostienen, permite que el proceso se desarrolle de esa manera “sin consecuencias para nadie”.

El pronunciamiento también cuestionó la credibilidad del testimonio de Viana. Los allegados aseguraron que modificó su relato en más de tres oportunidades y objetaron referencias efectuadas por el denunciante a celulares con cámara, Viagra y un edificio, elementos que —según la posición expresada por la familia— no se corresponderían temporalmente con los acontecimientos denunciados.

Pese a reconocer la dureza de los testimonios incorporados al expediente, el entorno del imputado insistió en que las próximas instancias deberían desarrollarse con acceso público.

“Queremos audiencias públicas”, señalaron. Admitieron que los relatos de los denunciantes son “fuertes y chocantes” y sostuvieron que podrían ser utilizados para incidir sobre la opinión pública, aunque aseguraron no tener dudas de que los hechos atribuidos a Penadés jamás ocurrieron.

“No por ser familiares de Gustavo, sino por la seguidilla de inverosimilitudes que presenta cada uno de esos relatos. El mundo tiene que saber lo que está pasando”, concluyeron.

Una vez desestimada por la Dra. Vargas la solicitud vinculada con Viana, el Dr. Guerrero y la Dra. Robatto interpusieron un recurso de apelación contra la resolución.

Imágenes: APU (Asociación de la Prensa Uruguaya).