ACTUALIZACIÓN
Terrenos con documentación falsa (Maldonado): "Hay casi 400 padrones denunciados por ocupación e irregularidades en la costa".
Una compleja trama de maniobras inmobiliarias, falsificación de poderes y ocupaciones de terrenos afecta a diversos balnearios del departamento de Maldonado, acumulando cerca de 400 denuncias presentadas por vecinos y propietarios afectados. La situación ha generado una fuerte preocupación en la Asociación de Escribanos del Uruguay y reavivó los reclamos hacia el Ministerio Público Fiscal por la falta de respuestas en la órbita penal.
Una red de ocupaciones ilegales y comercialización irregular de terrenos afecta de forma crítica a las localidades costeras de la zona oeste y este de Maldonado, extendiéndose desde la zona del peaje hacia varios balnearios del departamento.
Las denuncias formalizadas por los damnificados abarcan más de 100 padrones en Punta Negra, alrededor de 50 en Punta Colorada, más de 50 en Barra de Portezuelo y cerca de 200 en Sauce de Portezuelo.
Las maniobras investigadas incluyen la utilización de poderes apócrifos firmados en el exterior, escrituraciones irregulares y la actuación de intermediarios que indujeron al error a profesionales e inmobiliarias del sector.
La causa principal se encuentra bajo la órbita de la Fiscal Dra. Sandra Fleitas, quien solicito la imputación de escribanos vinculados a las operaciones, al tiempo que se analiza la eventual participación de otros profesionales en el esquema.
Paralelamente, representantes de la Asociación de Escribanos del Uruguay, entre ellos el Dr. Juan Raúl Williman, siguen con cautela la evolución de las indagatorias ante el impacto generado en la confianza del mercado inmobiliario.
En forma simultánea, los vecinos de balnearios como Sauce de Portezuelo, advierten sobre la llegada nocturna de maquinaria pesada, cercamientos exprés y colocación de contenedores en predios privados pertenecientes a propietarios residentes y extranjeros.
"Pese a la acumulación de evidencias y expedientes presentados ante las dependencias judiciales, las Fiscalías locales han derivado la mayoría de los reclamos a la justicia civil, omitiendo la aplicación de los agravantes por ocupación costera previstos en la legislación vigente", según indican una serie de representantes legales de presuntos damnificados.