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Terrenos con Documentación Falsa (Punta Negra): sello de escribano fallecido, inmobiliaria involucrada y cuatro requeridos.
Dos personas fueron imputadas y otras dos condenadas en el marco de una investigación sobre la comercialización irregular de padrones en el área geográfica del Municipio de Piriápolis. La maniobra consistía en simular la representación de sus legítimos propietarios mediante un poder apócrifo para luego transferir los inmuebles y venderlos a compradores de buena fe. El colega periodista Rodrigo Abelenda realizó para el País una detallada narración de los hechos.
Una pesquisa por operaciones inmobiliarias irregulares en Punta Negra permitió avanzar sobre una organización que habría utilizado documentación falsificada para disponer de terrenos ajenos y posteriormente comercializarlos.
La causa tiene hasta el momento dos imputados, dos condenados y otros cuatro involucrados con orden de detención.
Las actuaciones judiciales están a cargo de la Jueza especializada en Crimen Organizado de 2° Turno, Dra. Diovanet Olivera, mientras que la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, encabezada por la Dra. Sandra Fleitas, conduce las indagatorias.
Otro de los señalados como integrante del entramado falleció.
Según la reconstrucción efectuada por el Ministerio Público y detallada por el colega periodista Rodrigo Abelenda para el País, el mecanismo se sustentaba en un poder que habilitaba compraventas en representación de terceros.
Para instrumentarlo se habría falsificado una firma y utilizado el sello de un escribano ya fallecido, quien no otorgaba poderes desde la década de 1980.
A partir de ese documento, los involucrados identificaban principalmente propiedades cuyos titulares argentinos habían fallecido o permanecían durante largos períodos fuera de Uruguay.
Buscaban así padrones que no contaran con vigilancia permanente.
Con el poder apócrifo simulaban actuar en nombre y representación de los legítimos propietarios y realizaban transferencias entre integrantes del propio entramado, sin efectuar pagos o abonando sumas ínfimas frente al valor real de los inmuebles.
Posteriormente, los predios eran ofrecidos a terceros que los adquirían de buena fe, generando ganancias de decenas de miles de dólares.
Parte de esas operaciones se canalizaba, de acuerdo con la causa, mediante una inmobiliaria de Piriápolis.
Su propietario se encuentra requerido y, según lo informado por su Defensa, está de vacaciones en Río de Janeiro y regresaría el próximo domingo. También existen órdenes de detención para su esposa, su suegra y una escribana.
Los dos principales investigados que ya comparecieron ante la Justicia enfrentarán un juicio oral.
Uno de ellos trabajaba en la empresa y, según la Fiscalía, era quien se encargaba de conseguir los terrenos utilizados en la operativa.
En distintas oportunidades también se habría presentado en padrones ocupados afirmando ser su propietario e intimando a quienes se encontraban allí a retirarse bajo advertencias de embargo.
Respecto a este hombre, se formalizó la investigación e imputó por asociación para delinquir, dos delitos de uso de documento público falso y otros dos de estafa.
El segundo imputado habría facilitado el poder atribuido al escribano fallecido.
Durante un allanamiento en su domicilio fueron encontrados un sello y fotocopias de documentos utilizados por aquel profesional.
Al declarar ante Fiscalía sostuvo que el dueño de la inmobiliaria y uno de sus empleados se habían acercado a él para concretar las operaciones.
En su caso, fue imputado por asociación para delinquir, falsificación de documento público y estafa.
Para el Ministerio Público, ambos intervinieron en todos los negocios ilícitos examinados y mantuvieron esa conducta durante un período prolongado.
La Dra. Olivera resolvió imponerles arresto domiciliario total con dispositivo electrónico hasta el 22 de diciembre y prohibirles cualquier comunicación con los demás involucrados mencionados en las actuaciones.
Las otras dos personas que comparecieron tuvieron una intervención limitada a determinadas operaciones y alcanzaron acuerdos abreviados.
Una mujer participó sin conocer, de acuerdo con lo expuesto en la causa, que la operativa se sustentaba en un poder falsificado, mientras que su pareja intervino únicamente en negocios puntuales.
Ambos fueron condenados por asociación para delinquir y estafa a 18 meses de libertad a prueba.
Los antecedentes se remontan a junio de 2019, cuando una investigación administrativa dispuesta por la Intendencia Departamental de Maldonado comenzó a revelar irregularidades que posteriormente derivaron en las actuaciones penales.
Imágenes ilustrativas: Paisajes Uruguay + Ediciones Cadena del Mar.
