Terrenos con documentación falsa (Punta Negra): imputaron al dueño de la inmobiliaria y su esposa fue condenada

La causa por las maniobras inmobiliarias detectadas en Punta Negra sumó hoy viernes 25 de septiembre un nuevo capítulo judicial.

La Jueza especializada en Crimen Organizado de 2° Turno, Dra. Diovanet Olivera, dispuso la formalización de la investigación contra Paulo Álvez, propietario de una empresa del rubro con sede en Piriápolis, quien quedó imputado por la presunta comisión de asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa. 

La resolución establece arresto domiciliario total con dispositivo electrónico hasta el 22 de diciembre, cierre de fronteras, retención de los documentos de viaje y prohibición de mantener contacto, por cualquier medio, con otras personas mencionadas en el expediente.

Se trata de medidas cautelares adoptadas mientras continúa la investigación y no de una condena. 

Su esposa, en cambio, alcanzó un acuerdo abreviado con el Ministerio Público y fue condenada como coautora de asociación para delinquir y estafa.

La pena fue fijada en 22 meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba. 

EL REGRESO DESDE BRASIL

Álvez se encontraba en Río de Janeiro junto a su esposa y su suegra cuando se produjeron los primeros avances judiciales de esta etapa del caso.

El regreso estaba inicialmente previsto para el domingo, pero la pareja adelantó el viaje tras tomar conocimiento de las actuaciones y arribó el jueves 24 de septiembre a Uruguay, donde ambos fueron detenidos. 

Cadena del Mar había informado previamente que el empresario era requerido por la Justicia y que su detención se concretó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco al retornar desde Brasil, abriendo una nueva instancia dentro de una investigación que para entonces ya contabilizaba condenas e imputaciones. 

La suegra de Álvez también había sido requerida, aunque finalmente quedó desvinculada.

De acuerdo con la información surgida de la causa, su participación estaba vinculada a una operación que no llegó a concretarse.

En tanto, permanece pendiente la comparecencia de una escribana que se encuentra en el exterior y cuyo retorno al país estaba previsto para este próximo domingo. 

CÓMO FUNCIONABA LA MANIOBRA

La investigación comenzó a partir de irregularidades detectadas en operaciones realizadas con padrones ubicados en Punta Negra.

El mecanismo reconstruido por Fiscalía se apoyaba en poderes generales de administración, disposición y afectación que aparentaban haber sido autorizados por un escribano fallecido en 2006.

Los documentos resultaron apócrifos y, en distintos casos, incluso quienes figuraban como otorgantes habían muerto antes de las fechas consignadas. 

Según la pesquisa, quienes integraban el entramado buscaban especialmente inmuebles pertenecientes a propietarios argentinos fallecidos o que permanecían largos períodos fuera de Uruguay, seleccionando predios que no tuvieran una vigilancia permanente. 

Mediante el instrumento falsificado se simulaba actuar en representación de los legítimos titulares.

De esa manera se concretaban transferencias ficticias entre integrantes del propio esquema, sin pagar el precio consignado o entregando sumas mínimas respecto del valor real.

Posteriormente, los padrones eran comercializados a terceros compradores de buena fe y se obtenían importantes beneficios económicos. 

La trazabilidad de los medios de pago también quedó bajo análisis.

Fiscalía constató operaciones en las que los cheques mencionados en las escrituras nunca fueron cobrados ni acreditados a quienes aparecían formalmente como vendedores. 

Durante los allanamientos practicados en el marco de la investigación se incautaron documentación, dispositivos electrónicos, copias que simulaban carácter notarial y un sello con el nombre del escribano cuya firma habría sido utilizada para confeccionar los poderes cuestionados. 

LOS PRIMEROS IMPUTADOS

Antes de la comparecencia de Álvez, la Justicia ya había avanzado contra William Mattón Pimentel, quien trabajaba para la empresa inmobiliaria y, según la tesis fiscal, tenía la tarea de localizar propiedades susceptibles de ser incorporadas a la operativa. 

La acusación sostiene que en algunas oportunidades se presentaba en terrenos ocupados afirmando ser propietario e intimaba a quienes se encontraban allí a retirarse, bajo advertencias de posibles embargos.

Se formalizó la investigación en su contra y quedó imputado por asociación para delinquir, dos delitos de uso de documento público falso y otros dos de estafa. 

También fue imputado Oscar Iguini, señalado como quien habría facilitado el poder atribuido al profesional fallecido.

En un allanamiento realizado en su domicilio se encontró un sello y fotocopias de documentos que habían pertenecido al escribano.

Iguini declaró ante Fiscalía que el propietario de la inmobiliaria y uno de sus empleados se habían acercado a él para concretar las operaciones. 

En su caso, la imputación comprende asociación para delinquir, falsificación de documento público y estafa.

Tanto Mattón Pimentel como Iguini deberán afrontar el proceso mientras cumplen arresto domiciliario total con monitoreo electrónico hasta el 22 de diciembre y tienen prohibido comunicarse con las restantes personas mencionadas por Fiscalía. 

DOS CONDENAS PREVIAS

Sebastián Mattón y María Fernanda Muñoz Esquivel habían alcanzado acuerdos abreviados en una etapa anterior. Ambos fueron condenados por asociación para delinquir y estafa a 18 meses de prisión, sustituidos por libertad a prueba. 

El régimen impuesto incluyó orientación y vigilancia de la DINAMA, presentación semanal ante la Seccional correspondiente, prestación de servicios comunitarios, arresto domiciliario nocturno durante tres meses y cierre de fronteras durante el período fijado por la sentencia. 

Con la resolución conocida hoy viernes 25 de septiembre, el expediente pasa a registrar tres personas imputadas y otras tres condenadas, aunque las situaciones procesales y el grado de intervención atribuido a cada una son diferentes. 

UNA INVESTIGACIÓN QUE COMENZÓ EN 2019

Los antecedentes se remontan a 2019, cuando una investigación administrativa de la Intendencia Departamental de Maldonado detectó irregularidades relacionadas con propiedades de Punta Negra y derivó posteriormente en la denuncia que dio origen a las actuaciones penales. 

Desde entonces, el trabajo fiscal procuró reconstruir el recorrido documental de los padrones, las transferencias efectuadas, la intervención de cada participante y el destino de los fondos obtenidos mediante las operaciones investigadas.

La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, encabezada por la Dra. Sandra Fleitas, conduce las indagatorias, mientras las decisiones judiciales correspondientes a esta etapa han sido adoptadas por la Dra. Diovanet Olivera. 

AHORA INVESTIGARÁN EL DINERO

El expediente incorporará además una vertiente patrimonial.

Fiscalía anunció que profundizará el análisis de los bienes y movimientos económicos de los involucrados ante la posibilidad de que puedan existir conductas vinculadas al lavado de activos. 

Hasta el momento, el Ministerio Público tiene identificadas operaciones fraudulentas por aproximadamente USD 200.000 (doscientos mil dólares americanos) y procura reconstruir hacia dónde fueron derivados esos fondos.

La eventual existencia de lavado permanece bajo investigación y, hasta ahora, no existe una imputación por ese delito. 

SUSPENSIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO

La derivación judicial también tuvo repercusiones dentro de la actividad privada. El Centro de Inmobiliarias de Piriápolis resolvió suspender preventivamente la calidad de socio del operador involucrado, determinación adoptada mientras avanzan las actuaciones y que permanecerá vigente hasta que la Justicia se expida. 

La institución manifestó que sigue el desarrollo del expediente y rechazó cualquier actividad ilícita o práctica fraudulenta que pueda perjudicar a compradores, comprometer la seguridad jurídica o afectar la confianza en el sector.

Asimismo, reafirmó su adhesión a criterios de transparencia, ética profesional y buenas prácticas. 

Imagen: Ilustrativa Cadena del Mar.