Terrenos con documentación falsa (Punta Negra): imputaron a una escribana.

La intervención notarial en las operaciones inmobiliarias investigadas en Punta Negra quedó en el centro de una nueva audiencia judicial.

Ayer martes 29 de septiembre, la jueza especializada en Crimen Organizado, Dra. Diovanet Olivera, formalizó la investigación contra una escribana por asociación para delinquir, falsificación ideológica por un funcionario público y estafa en calidad de coautora, según información a la que accedió Cadena del Mar.

La Fiscalía, encabezada por la Dra. Sandra Fleitas, le atribuye haber dado “apariencia de legalidad” a compraventas ficticias.

Cuestionó la reiteración de actuaciones basadas en un poder apócrifo, anomalías documentales y diferencias entre precios declarados y movimientos bancarios.

El abogado Juan Raúl Williman rechazó esa interpretación: entiende que se exigen controles ajenos a la función notarial y cuestiona la existencia de pruebas de connivencia.

La magistrada consideró suficientes los elementos para iniciar el proceso, sin que ello constituya una condena.

Durante 6 meses, la imputada deberá fijar domicilio, presentarse semanalmente ante la Policía y abstenerse de contactar a otros involucrados.

También tendrá prohibido salir del país y se retendrán sus documentos de viaje.

EL PODER QUE SOSTENÍA LAS OPERACIONES

Tal cual informó Cadena del Mar, la maniobra reconstruida por Fiscalía se apoyaba en documentación que simulaba habilitar a terceros para disponer de inmuebles ajenos.

Para ello se habría falsificado una firma y utilizado el sello de un escribano fallecido que no otorgaba poderes desde la década de 1980.

Los terrenos seleccionados pertenecían principalmente a ciudadanos argentinos fallecidos o que permanecían largos períodos fuera de Uruguay.

Esa ausencia facilitaba, según la investigación, identificar propiedades sin vigilancia permanente.

Mediante el poder cuestionado se concretaban transferencias entre integrantes del entramado, sin pagos efectivos o por importes mínimos.

Luego, los predios eran comercializados a compradores de buena fe a través de una inmobiliaria de Piriápolis.

Los antecedentes se remontan a junio de 2019, cuando una investigación administrativa de la Intendencia Departamental de Maldonado detectó irregularidades que derivaron en actuaciones penales.

LAS RESOLUCIONES ANTERIORES

El viernes 25 de septiembre se formalizó la investigación contra Paulo Álvez, propietario de la inmobiliaria, por asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa.

Quedó con arresto domiciliario total y monitoreo electrónico hasta el 22 de diciembre.

Su esposa acordó un proceso abreviado y recibió una condena de 22 meses de prisión, sustituida por libertad a prueba.

Ambos habían sido detenidos al regresar desde Brasil.

La suegra del empresario, inicialmente requerida, quedó desvinculada.

Antes habían resultado imputados William Mattón Pimentel, empleado señalado por el Ministerio Público como encargado de localizar los terrenos, y Oscar Iguini, a quien se atribuye haber facilitado el poder falsificado.

Para ambos se dispuso arresto domiciliario total con dispositivo electrónico.

Sebastián Mattón y María Fernanda Muñoz Esquivel fueron condenados por asociación para delinquir y estafa a 18 meses de prisión, sustituidos por libertad a prueba.

La cobertura previa también dio cuenta de una línea patrimonial abierta por Fiscalía ante la eventual existencia de lavado de activos, sin que ello equivalga a una imputación por ese delito.

Por su parte, el Centro de Inmobiliarias de Piriápolis suspendió preventivamente la calidad de socio del operador involucrado hasta que la Justicia se expida.

LOS NUEVOS PADRONES BAJO ANÁLISIS

En paralelo al expediente judicial, Cadena del Mar profundizó su investigación periodística mediante encuentros de nuestro compañero Marcelo Umpierrez con damnificados, vecinos y asesores legales.

“Hemos venido justamente a mantener reuniones. Nos han entregado muchísima documentación”, explicó durante la cobertura el pasado lunes 28.

El relevamiento incorporó situaciones en Punta Colorada, Barra de Portezuelo, Sauce de Portezuelo, Ocean Park y El Pejerrey.

También surgieron elementos relacionados con documentación de Argentina y Paraguay y personas que figurarían como titulares de numerosos inmuebles.

El martes, Marcelo Umpierrez destacó al aire de Cadena del Mar (106.5 F.M.) el trabajo de recopilación de la Dra. Beatriz Leivas y mencionó información recibida sobre más de 50 padrones presuntamente afectados por usurpaciones mediante derechos posesorios.

Otra línea procura establecer cómo se obtenían datos de las propiedades.

En ese contexto, se mencionó un antiguo sistema de consulta departamental, cuyo eventual uso requiere esclarecerse.

Imágenes: Ilustrativa.