ACTUALIZACIÓN
Dr. Rafael Silva (Caso Copsa): “Esa unidad no estaba en condiciones de salir a la calle”.
El abogado de varias víctimas del siniestro ocurrido en enero de 2023 valoró la condena del conductor, pero planteó cuestionamientos sobre el mantenimiento del ómnibus y las responsabilidades empresariales. Durante una entrevista en La Mañana en Cadena, destacó el trabajo de la Fiscalía y reclamó mayores controles sobre el transporte de pasajeros.
El Dr. Rafael Silva, representante legal de varias víctimas del siniestro protagonizado por la unidad 540 de Copsa, analizó hoy martes 10 de noviembre, en La Mañana en Cadena, las consecuencias de la sentencia dictada contra el conductor del ómnibus que volcó el 12 de enero de 2023 en la Ruta Interbalnearia, a la altura de Pan de Azúcar.
El profesional consideró que la resolución constituye un precedente relevante, aunque sostuvo que la investigación dejó interrogantes sobre el funcionamiento mecánico del vehículo y las obligaciones de la empresa.
La Justicia condenó ayer lunes 9 de noviembre a Milton Javier Mesa Meyer a 18 meses de prisión, sustituidos por un régimen de libertad a prueba, como autor penalmente responsable de cuatro delitos de lesiones graves culpables y dos delitos de lesiones personales culpables.
El fallo fue dictado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 4° Turno, mediante un proceso abreviado acordado entre la Fiscalía y la defensa del conductor.
Silva comenzó su intervención reconociendo la actuación de la Fiscalía Letrada Departamental de Maldonado de 2° Turno, encabezada por la Dra. Jessica Pereira, junto con la Dra. Dayana Núñez Pereira y la Dra. Silvana Clavijo.
“Nobleza obliga, lo primero y más importante es saludar a todo el equipo fiscal, encabezado por la Dra. Jessica Pereira, que después de casi 4 años logró este acuerdo abreviado. Entiendo que sienta un buen precedente en relación con los siniestros de tránsito en los que participan compañías de transporte de pasajeros”, expresó.
El abogado destacó especialmente la posibilidad que tuvo su equipo de intervenir activamente durante las primeras etapas de la investigación, incorporando documentación y participando en actuaciones técnicas.
“Cuando arrancaba esta investigación, la Fiscalía nos abrió las puertas y nos permitió participar como terceros coadyuvantes, ofreciendo evidencia, interrogando testigos y peritos. Eso nos permitió arrojar mucha luz”, recordó.
LOS CUESTIONAMIENTOS SOBRE EL ESTADO DEL ÓMNIBUS
Uno de los aspectos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el historial de reparaciones del coche involucrado y las dificultades que, según el profesional, fueron documentadas durante la investigación.
Silva explicó que su estudio incorporó especialistas para examinar las características técnicas de la unidad y establecer contacto con representantes de su fabricante en China.
“Sumamos a nuestro equipo una perito que, prácticamente a las 24 horas de incorporarse, ya estaba comunicándose con la gente de Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd. en China. En el legajo de investigación, Copsa no había agregado ni el manual del ómnibus. Es más, los mecánicos de la empresa jamás tuvieron un manual”, afirmó.
El representante legal también hizo referencia a la frecuencia con la que el vehículo había ingresado al taller antes del siniestro.
“Prácticamente en 40 días había entrado 21 o 22 días al taller. No resistía el sentido común ni la lógica”, sostuvo.
En otro pasaje, mencionó declaraciones recogidas durante la investigación que, a su entender, reforzaban las advertencias sobre el comportamiento de la unidad.
“El último chofer que lo había manejado el día anterior se negó a conducirlo porque se bamboleaba de lado a lado”, aseguró.
Estas observaciones forman parte de la posición sostenida por el abogado de las víctimas. Las pericias oficiales de accidentología atribuyeron el factor determinante del vuelco a la conducción, mientras que Silva ha cuestionado diferentes aspectos de esas conclusiones y defendido la necesidad de profundizar en las condiciones de mantenimiento.
“No llevo ganado, llevo personas. Estamos hablando de una unidad de transporte de pasajeros, donde hay que mirar el accionar del chofer con mayor celo porque tiene una libreta con categoría profesional”, enfatizó.
EL DOLOR DE LAS FAMILIAS Y EL CAMINO HACIA LA SENTENCIA
La entrevista también abordó las consecuencias humanas del siniestro, que provocó el fallecimiento de Mía Ayelén García Suárez, de 15 años, y dejó numerosos pasajeros lesionados.
Silva reflexionó sobre las dificultades de acompañar judicialmente a familias atravesadas por pérdidas irreparables, especialmente cuando los procedimientos se prolongan durante varios años.
"Jamás podré estar en los zapatos de esa familia y jamás podré poner en palabras lo que debe ser para un papá o una mamá perder a una hija con quien compartieron 15 años", manifestó.
El profesional explicó que, durante el desarrollo de la causa, algunos de sus representados decidieron alcanzar acuerdos reparatorios, mientras otros continuaron con las actuaciones hasta obtener una resolución penal.
“Algunos de nuestros clientes, bajo su más entera libertad, fueron optando por el acuerdo reparatorio porque entendían que era una forma justa de reparación del daño. Otros decidieron llevar esto hasta las últimas consecuencias”, detalló.
La condena comprende las lesiones sufridas por 6 pasajeros. El fallecimiento de la adolescente quedó fuera de la acusación resuelta mediante este procedimiento, debido a un acuerdo reparatorio alcanzado anteriormente con su familia.
MAYORES CONTROLES Y RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
Hacia el final de la conversación, el abogado planteó la necesidad de revisar los mecanismos de fiscalización del transporte interdepartamental, incluyendo las condiciones de las unidades, los registros de tacógrafos y los períodos de descanso de los conductores.
También consideró importante estudiar posibles modificaciones normativas que permitan investigar con mayor profundidad las responsabilidades dentro de las compañías cuando se producen siniestros de gravedad.
En ese sentido, sostuvo que la prevención debe involucrar tanto a las empresas como a los organismos públicos encargados de supervisar la actividad.
“Hay que revisar un poco la legislación para que la Fiscalía y los operadores jurídicos no queden tan limitados a la hora de analizar la responsabilidad más adentro de la empresa”, planteó.
Finalmente, agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso y reconoció el compromiso de los profesionales que participaron en la representación de las víctimas.
“Que esta sentencia sirva de inspiración y de ejemplo para otros jueces y fiscales, para que la tomen como un caso de referencia importante en materia de siniestralidad vinculada a unidades de transporte de pasajeros”, concluyó.