ACLARACIÓN
Joaquín Garlo (FA): "Es un disparate jurídico y político afirmar que se privatizarán las playas; solo una interpretación malintencionada de la ley puede sostener eso".
El Diputado por el Frente Amplio, desmintió categóricamente este martes en Cadena del Mar las interpretaciones que sugerían una posible privatización de la faja costera tras la aprobación de la Ley de Presupuesto 2025-2029. Garlo aclaró que el artículo 418 no solo mantiene la naturaleza pública de las playas, sino que extiende la protección de los 150 metros a nuevos cursos de agua, como la Laguna del Sauce y el Río Uruguay.
En diálogo con "La Mañana en Cadena", el Diputado Joaquín Garlo abordó la polémica surgida a raíz de un artículo del diario El País sobre supuestas "playas privadas".
El Legislador explicó que la nueva normativa aprobada en el Presupuesto Nacional llega para dar "claridad y mayor protección" ante vacíos legales que existían en el pasado.
Ampliación territorial y fin de las dudas interpretativas
El referente frenteamplista destacó que, por iniciativa del Poder Ejecutivo y con apoyo parlamentario, se modificó el artículo 503 de la Ley 19.355.
A su vez, Garlo explicó que la principal novedad es que la obligación de ceder al dominio público la faja de 150 metros ahora incluye también al Río Uruguay, la Laguna del Cisne (Canelones) y la Laguna del Sauce (Maldonado), cuerpos de agua que anteriormente no contaban con este blindaje legal.
"Lo que se hizo fue despejar cualquier tipo de duda. Ahora la ley dice que en todo fraccionamiento, cualquiera sea su régimen o categoría de suelo, se debe ceder la faja costera" sostuvo.
Y agregó: "Esto incluye barrios privados, propiedad horizontal o particiones sucesorias, ya sea en suelo rural, urbano o suburbano. No hay margen para interpretaciones rebuscadas que busquen excluir emprendimientos inmobiliarios".
En este sentido, el parlamentario fue tajante en expresar: "Es un disparate jurídico y político afirmar que se privatizarán las playas; solo una interpretación malintencionada de la ley puede sostener eso".
Privatización "de hecho" y controles necesarios
Consultado sobre situaciones de conflicto donde seguridades privadas impiden el paso o edificios ocupan la duna con servicios exclusivos, Joaquín Garlo reconoció que existen "abusos" que deben combatirse con mayor control departamental.
El Representante Nacional recordó además que la normativa vigente en Maldonado exige accesos públicos a la costa cada 300 metros, y citó casos paradigmáticos como el de Punta Ballena, donde precisamente la aplicación de estas leyes ambientales impidió desarrollos que amenazaban el patrimonio natural.
Compromiso nacional y turismo
Para el referente del MPP, la defensa de la costa trasciende banderas políticas y es un activo económico fundamental: "Nuestro principal motor es el turismo de sol y playa; si la playa es pública pero no se puede acceder, entonces no es tan pública", aseguró.
"Este presupuesto reafirma un rumbo claro del Estado uruguayo de proteger la naturaleza pública de nuestras costas, que es orgullo nacional y fundamento de nuestra economía", concluyó.
