Fabricio Rodríguez (PN): “La situación en Las Rosas es peor de lo que imaginábamos; ingresan y egresan unas 10 personas por día y solo hay 2 funcionarios para el seguimiento”.

El legislador departamental del Partido Nacional, Fabricio Rodríguez, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa la Unidad número 13 de Internación a Personas Privadas de Libertad (UIPPL) "Las Rosas" del departamento de Maldonado, dependiente del Ministerio del Interior a través del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), luego de participar en una recorrida por el establecimiento carcelario.

El curul nacionalista señaló que la experiencia dejó una impresión más grave de la que esperaba. “Una cosa es verlo por televisión o escuchar informes parlamentarios; otra muy distinta es recorrer el lugar y hablar con quienes trabajan allí todos los días”, expresó.

Rodríguez indicó que el centro penitenciario funciona como referencia regional, aunque “no tiene las condiciones ni la estructura funcional adecuada” para la población que actualmente alberga.

Según detalló, dentro del establecimiento conviven personas con condena firme y reclusos en prisión preventiva, un escenario que —a su entender— complica seriamente los procesos de reinserción social. “Es muy difícil hablar de rehabilitación cuando las condiciones son estas”, afirmó.

El representante nacionalista recordó además que la Constitución de la República establece que las cárceles deben orientarse a la rehabilitación y no transformarse en espacios de castigo permanente. “Así es muy probable que quien salga vuelva a reincidir”, sostuvo.

En ese contexto, vinculó las condiciones del sistema penitenciario con los elevados índices de reincidencia. “Entre 7 y 8 de cada 10 personas que pasan por la cárcel terminan delinquiendo nuevamente”, comentó.

Otro de los aspectos que remarcó fue la realidad que atraviesan los funcionarios penitenciarios. Rodríguez reveló que las autoridades del establecimiento le transmitieron que “casi un tercio del personal se encuentra con licencia médica”, en muchos casos por problemas vinculados a la salud mental.

“Hay funcionarios que deben trabajar con entre 10 y 15 internos a cargo, cuando los propios protocolos establecen otra realidad completamente distinta”, explicó.

Durante la recorrida, una de las imágenes que más impactó al integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana fue la situación sanitaria en algunos sectores de la cárcel.

“Ver personas conviviendo entre aguas negras fue probablemente lo que más me golpeó”, relató.

Rodríguez describió además la existencia de corredores internos donde desembocan residuos provenientes de las celdas y donde reclusos realizan tareas de limpieza en condiciones extremadamente precarias. “La verdad es una imagen muy dura”, agregó.

Consultado sobre posibles soluciones, sostuvo que el problema requiere una respuesta integral del Estado y mayores recursos para el sistema penitenciario. “No alcanza solamente con construir más cárceles; también se necesitan funcionarios, equipos técnicos y oportunidades reales de rehabilitación”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre las limitaciones que enfrenta la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado en Maldonado. “Nos informaron que hay únicamente dos funcionarios para atender el seguimiento de quienes recuperan la libertad en todo el departamento”, indicó.

Finalmente, Rodríguez adelantó que desde la Junta Departamental continuarán manteniendo reuniones con distintos organismos vinculados al sistema penitenciario para trasladar inquietudes y reclamar mejoras estructurales.

“Nadie merece vivir en las condiciones que vimos, ni los trabajadores ni las personas privadas de libertad”, concluyó.