CONTEXTO DE ENCIERRO
Sistema Carcelario: Gobierno impulsa régimen laboral para privados de libertad.
Una iniciativa elaborada por legisladores del Frente Amplio junto al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) propone modificar el marco vigente desde el año 1975. El proyecto establece el carácter voluntario de las tareas, redefine las formas de remuneración y contempla que quienes sean contratados por empresas perciban al menos el Salario Mínimo Nacional (SMN). Sus impulsores aseguran que la propuesta comenzó a elaborarse meses antes y no está vinculada al reciente acuerdo con Cabildo Abierto.
El trabajo realizado por quienes se encuentran cumpliendo una pena dentro de las cárceles uruguayas podría quedar sujeto a nuevas reglas.
Un borrador de proyecto de ley que analiza la Bancada del Frente Amplio en la Cámara de Representantes procura establecer condiciones específicas para estas actividades, ampliar las oportunidades existentes y fortalecer su papel como herramienta de reinserción.
La propuesta es impulsada por los Diputados Graciela Barrera y Pablo Inthamoussu y fue elaborada en coordinación con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Todavía no ingresó formalmente a la Cámara de Representantes y, según sus promotores, lleva varios meses de preparación.
Trabajo voluntario y nuevas condiciones
Uno de los principales cambios es la voluntariedad.
La normativa vigente, correspondiente al Decreto-Ley N° 14.470 del año 1975, establece que el trabajo de los reclusos penados es obligatorio.
El nuevo marco apunta además a reconocer derechos laborales individuales y colectivos, salvo aquellas restricciones que deriven de la situación judicial de cada persona.
La remuneración constituye otro de los aspectos centrales.
El esquema mantiene el peculio —la retribución económica que ya otorga el INR por determinadas tareas realizadas durante la reclusión— y establece condiciones específicas para aquellas actividades que configuren una relación laboral con otros empleadores.
Cuando una empresa contrate a un interno, el pago no podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional (SMN) vigente.
En el caso de las tareas comprendidas dentro del Instituto continuará funcionando el peculio, aunque el proyecto elimina la referencia que actualmente vincula su monto al SMN.
Las condiciones dependerán de quién proporcione el puesto. En el ámbito privado se pretende establecer una relación regular, con los derechos y obligaciones correspondientes.
La modificación también proyecta sus efectos hacia el momento del egreso.
La experiencia adquirida, la incorporación de hábitos laborales y el vínculo previo con empleadores podrían favorecer la inserción y continuidad en el mercado de trabajo una vez recuperada la libertad.
La mayoría de las plazas no tiene remuneración:
Las cifras muestran una brecha considerable entre quienes desarrollan alguna actividad y aquellos que reciben dinero por ella.
Aproximadamente el 53% de la población carcelaria trabaja, estudia o combina ambas opciones, según datos manejados por la Directora del INR, Ana Juanche.
La exposición de motivos recoge información de la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, según la cual el 86% de quienes accedieron a una plaza laboral no obtuvo remuneración. Otro 11% recibió un peculio —en su mayoría medio— y solamente el 3% percibió un salario.
La diferencia también queda reflejada en la disponibilidad de cupos: más de 5.000 reclusos desarrollaban tareas intramuros, frente a apenas 850 peculios disponibles.
El desafío adquiere mayor dimensión ante el crecimiento sostenido de la población carcelaria.
Uruguay cuenta con cerca de 16.700 personas privadas de su libertad, y de acuerdo con las estimaciones manejadas por las autoridades, la cifra aumenta aproximadamente en 1.000 cada año.
Seis modalidades y diferentes oficios:
Las unidades penitenciarias ofrecen distintas alternativas, con diversos niveles de capacitación y responsabilidad.
La Subdirectora Técnica del INR, Leticia Carzoglio, identificó seis modalidades.
Entre las funciones más básicas aparecen la fajina y la distribución de alimentos o paquetes, que requieren escasa preparación previa.
Algunas empresas instaladas en establecimientos carcelarios también ofrecen puestos específicos.
Existen además opciones vinculadas a oficios como electricidad, carpintería y sanitaria, a partir de conocimientos previos o de capacitaciones realizadas durante el período de reclusión.
El ámbito rural constituye otra posibilidad, con labores de agricultura, ganadería, quesería y lechería para quienes reúnen los requisitos correspondientes.
Los convenios con organismos públicos y privados permiten ampliar la oferta hacia otros sectores, entre ellos la construcción.
A esto se suman emprendimientos desarrollados por las propias PPL, como las experiencias productivas existentes en la Unidad N° 6 de Punta de Rieles.
El articulado incorpora herramientas para facilitar esos acuerdos.
El INR podrá contratar directamente bienes, servicios e insumos necesarios para su ejecución, mientras que las empresas y emprendimientos participantes podrán quedar habilitados como proveedores del Estado.
Proyecto anterior al acuerdo con Cabildo Abierto:
La discusión parlamentaria coincide con un reciente entendimiento entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas, que incluyó medidas orientadas a generar mayores oportunidades de empleo en las cárceles.
El borrador comenzó a elaborarse entre cinco y seis meses atrás de lo precitado; según fuentes frenteamplistas.
El ex Senador Guido Manini Ríos había planteado al Presidente de la República, Prof. Yamandú Orsi, la asignación de recursos al INR para instalar talleres de oficios, mejorar infraestructura, financiar peculios y realizar otras inversiones destinadas a extender las posibilidades de trabajo dentro del sistema.
Según informó entonces el dirigente de Cabildo Abierto, se contemplaba una partida inicial de $ 20 millones anuales para el organismo.
La capacitación y el acceso al empleo durante el cumplimiento de una pena también forman parte de la estrategia oficial de seguridad.
El Gobierno entiende que sostener trayectorias educativas y laborales puede mejorar las posibilidades de inserción después del egreso y contribuir a reducir la reincidencia.
Imágenes: Cadena del Mar
