Federico Casaretto (PN): “En Las Rosas hay 11 reclusos en celdas para cuatro; así se explica la alta reincidencia”.

Los Diputados de Maldonado mantuvieron este sábado 1° de agosto una reunión con representantes de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, instancia en la que resolvieron impulsar gestiones conjuntas ante el Gobierno Nacional por la situación del Centro de Rehabilitación Las Rosas, la seguridad y el aumento de personas en situación de calle.

El encuentro reunió a los representantes nacionales del departamento, pertenecientes al Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado. La presencia multipartidaria permitió acordar una estrategia común para trasladar los planteos locales directamente a las autoridades con capacidad de adoptar decisiones.

El Diputado Federico Casaretto explicó que una de las principales aspiraciones es revertir progresivamente el carácter regional de la Unidad N° 13 y recuperar una estructura penitenciaria enfocada en las necesidades de Maldonado.

“Existe un planteo histórico para que Las Rosas deje de funcionar como cárcel regional y vuelva a ser departamental. No puede resolverse de un día para otro, pero tenemos que comenzar a recorrer ese camino”, afirmó.

La cárcel de Las Rosas depende del Instituto Nacional de Rehabilitación y desde hace años presenta dificultades asociadas a la sobrepoblación, las condiciones de convivencia y el acceso a programas de rehabilitación. Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos ya había documentado niveles críticos de hacinamiento en el establecimiento. 

CONVOCARÁN A AUTORIDADES NACIONALES

Durante la reunión se acordó invitar a Ministros, jerarcas del Instituto Nacional de Rehabilitación y otras autoridades vinculadas con la política penitenciaria, en lugar de limitar las gestiones a encuentros de los Legisladores en Montevideo.

La iniciativa fue planteada por el Diputado Gabriel Gurméndez y recibió el respaldo del resto de la delegación. El objetivo es que los representantes del Gobierno conozcan directamente la posición de las organizaciones sociales, empresariales y turísticas del departamento.

“En lugar de que los cinco Diputados golpeemos la puerta del Ministro, queremos invitarlo a Punta del Este para que la propia Liga le transmita esta preocupación”, explicó Casaretto.

El Legislador consideró que la participación conjunta de la Bancada Maldonado y la institución anfitriona contribuirá a jerarquizar el reclamo y aumentar las posibilidades de que parte de los recursos nacionales destinados al sistema penitenciario se dirijan hacia el departamento.

REDUCIR EL INGRESO DE RECLUSOS DE OTROS PUNTOS

Casaretto señaló que aproximadamente el 25% de las personas alojadas en Las Rosas proviene de otros departamentos. La prioridad inmediata, indicó, será solicitar al Ministerio del Interior que reduzca gradualmente esos traslados.

El Diputado aclaró que durante la reunión no se definieron posibles ubicaciones para construir otro establecimiento penitenciario en el norte departamental, aunque sí se intercambiaron opiniones sobre la política carcelaria y las obras iniciadas en períodos anteriores.

“Lo que queremos abordar ahora es la realidad concreta de Las Rosas y comenzar a disminuir el envío de personas desde otros puntos del país. Esa decisión debe trabajarse directamente con el Ministro”, sostuvo.

Casaretto había advertido anteriormente que algunos sectores de la Unidad N° 13 alojan hasta 11 personas en espacios construidos para cuatro, una situación que, según afirmó, repercute directamente sobre la convivencia y las posibilidades de rehabilitación. 

HACINAMIENTO Y REINCIDENCIA

El representante nacionalista vinculó la sobrepoblación penitenciaria con los elevados niveles de reincidencia y aseguró que la permanencia prolongada en condiciones de hacinamiento reduce las posibilidades de una reinserción efectiva.

“Cuando una persona pasa tres años hacinada, la reincidencia puede alcanzar niveles de entre 60% y 70%. Cuando tenemos 11 reclusos dentro de una celda preparada para cuatro, encontramos parte de la explicación de lo que sucede después de la salida”, manifestó.

Casaretto sostuvo que la respuesta no puede limitarse a incrementar las plazas penitenciarias. También reclamó programas educativos, capacitación laboral y mecanismos de acompañamiento que permitan construir verdaderas oportunidades de egreso.

En Maldonado reconoció el trabajo realizado por la Fundación Fénix, aunque consideró que su alcance resulta insuficiente ante la dimensión del problema.

A su juicio, será necesario ampliar la participación del Estado y de las organizaciones sociales para evitar que las personas liberadas regresen rápidamente al sistema penal.