Cárcel “Las Rosas” (Maldonado): denuncian abusos en requisa.

Una carta difundida por el colectivo “Cárceles de Todo Uruguay”, integrado por familiares de personas privadas de libertad de distintos puntos del país, volvió a poner bajo la lupa la situación de la Unidad N° 13 Las Rosas, en Maldonado, tras una requisa realizada el viernes 3 de julio cerca del mediodía.

Según plantearon los denunciantes, el procedimiento habría estado acompañado de situaciones de violencia, malos tratos y destrucción de objetos personales. Se trata de acusaciones que, hasta el momento, deberán ser analizadas por las autoridades competentes para establecer qué ocurrió efectivamente dentro del establecimiento penitenciario.

En el comunicado, los familiares aclararon que no se oponen a las requisas ni cuestionan la necesidad de inspecciones para retirar elementos prohibidos y preservar la seguridad interna. Sin embargo, sostienen que el operativo realizado en Las Rosas habría excedido esos fines y derivado en hechos que consideran graves.

De acuerdo con los testimonios que aseguran haber recibido, varias personas privadas de libertad habrían sido obligadas a salir de sus celdas en ropa interior, en pleno invierno y con bajas temperaturas, mientras se desarrollaba la intervención. También denunciaron golpes, posibles fracturas, dificultades para mover partes del cuerpo, personas lesionadas y uso de gas pimienta.

El planteo incluye además la presunta destrucción de ropa, alimentos, fotografías familiares y otros artículos que, según los familiares, habían sido ingresados de forma legal al establecimiento. Para el colectivo, esos objetos no representan únicamente pertenencias materiales, sino también el esfuerzo económico y afectivo de familias que acompañan a sus seres queridos durante el cumplimiento de sus condenas.

Los denunciantes remarcaron que, en muchos casos, los alimentos, prendas de abrigo y artículos entregados por familiares ayudan a cubrir necesidades básicas que el sistema penitenciario no siempre logra atender plenamente. Por eso, consideran que la eventual destrucción de esos elementos agrava el impacto humano del procedimiento denunciado.

La carta también amplía el reclamo hacia la situación general de las cárceles uruguayas. Entre los problemas señalados figuran el hacinamiento, las bajas temperaturas en los módulos, las dificultades de acceso a atención médica, la escasez de asistencia en salud mental, los problemas de higiene y la limitada oferta de programas de rehabilitación, especialmente para personas con consumo problemático de drogas.

Como fundamento de su planteo, el colectivo recordó que las personas privadas de libertad cumplen una pena impuesta por la Justicia, pero que esa condición no implica perder sus derechos fundamentales ni quedar expuestas a posibles abusos. En esa línea, mencionaron el artículo 26 de la Constitución de la República, que establece que las cárceles deben procurar la reeducación y no servir para mortificar a quienes permanecen recluidos.

También hicieron referencia a las Reglas Mandela de Naciones Unidas, que fijan estándares internacionales para el trato digno de las personas privadas de libertad y prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El principal pedido de los familiares es que se investigue lo sucedido de forma seria, urgente e independiente. Además, solicitaron que las eventuales personas lesionadas reciban atención médica y que, si se comprueban responsabilidades, se adopten las medidas correspondientes.

El caso instala nuevamente el desafío de equilibrar la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios con el respeto a la dignidad humana. Una requisa es una herramienta legítima para mantener el orden y evitar el ingreso de objetos prohibidos, pero su ejecución debe ajustarse siempre a la ley y a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Esclarecer lo ocurrido en Las Rosas resulta clave no solo para las personas privadas de libertad y sus familias, sino también para los propios funcionarios penitenciarios, que tienen derecho a que cualquier actuación sea evaluada sobre la base de hechos comprobados y no únicamente a partir de versiones enfrentadas.