Cárcel Las Rosas (Maldonado): INDDHH elevó a Fiscalía denuncias por presunta corrupción y vulneraciones a reclusos.

La Unidad Penitenciaria N°13 (Las Rosas), vuelve a quedar bajo la mirada de los organismos de control y de la Justicia.

Esta vez, el foco trasciende las conocidas deficiencias edilicias y la superpoblación: la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo remitió a la Fiscalía General de la Nación antecedentes sobre episodios concretos que podrían configurar delitos dentro del establecimiento penitenciario.

La intervención tiene origen en una actuación de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Junta Departamental de Maldonado, cuyos integrantes recorrieron el establecimiento durante el mes de mayo.

A partir de la información recogida, el cuerpo envió el 23 de junio una nota reservada a la INDDHH, tal cual surge del informe realizado por nuestros colegas periodistas de La Diaria. 

Tras analizar el material, el organismo nacional resolvió trasladarlo a Fiscalía el pasado 7 de julio. 

SEÑALAMIENTOS QUE EXCEDEN LA CRISIS ESTRUCTURAL

La Presidenta de INDDHH, Mariana Mota, explicó que los reclamos no se limitan al hacinamiento, la falta de personal o el deterioro del edificio. El contenido refiere a “situaciones concretas de vulneración de la integridad física” de personas privadas de libertad, cuya eventual relevancia penal deberá ser establecida por la Justicia. 

Entre los asuntos remitidos aparece una presunta red de venta de estupefacientes dentro de la cárcel. Fuentes citadas en los informes periodísticos sostienen que la actividad habría funcionado con conocimiento e incluso colaboración de funcionarios, algunos de los cuales estarían identificados en la documentación reservada.

Se trata de acusaciones que deberán ser verificadas mediante las actuaciones correspondientes y con todas las garantías del proceso. 

El expediente también solicita esclarecer dos fallecimientos no violentos ocurridos durante 2026 bajo custodia estatal. La sospecha planteada apunta a posibles fallas o insuficiencias en la atención de las patologías que presentaban las personas fallecidas. 

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS DURANTE UNA REQUISA

A las denuncias iniciales se agregó posteriormente un planteo vinculado con una requisa realizada el viernes 3 de julio en el sector masculino de Las Rosas.

Familiares y allegados denunciaron que los internos fueron obligados a abandonar sus celdas en ropa interior mientras se desarrollaba la inspección.

También relataron destrozos de pertenencias, golpes, utilización de gas pimienta y lesiones que, en algunos casos, podrían ser compatibles con fracturas. 

Frente a la gravedad de esas afirmaciones, la INDDHH solicitó ampliar la información remitida a Fiscalía y derivó el episodio a la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario. Representantes del organismo concurrieron a la unidad para comenzar a recabar elementos sobre lo ocurrido. 

La requisa había permitido retirar del sector masculino alrededor de 100 teléfonos celulares, unos 20 accesorios, cerca de 150 objetos cortopunzantes de fabricación artesanal y sustancias presuntamente estupefacientes. La composición definitiva del material quedó sujeta a las pericias técnicas correspondientes. 

UNA CÁRCEL DESBORDADA

Los episodios bajo análisis se producen dentro de una unidad sometida desde hace años a una presión creciente. Las Rosas fue diseñada para 691 plazas nominales, pero actualmente aloja a 1.269 personas, entre ellas 89 mujeres.

La superpoblación no fue acompañada por un incremento equivalente de recursos humanos y materiales. Por el contrario, el último diagnóstico del Comisionado Parlamentario Penitenciario señaló una caída notoria en la cantidad de funcionarios, con consecuencias sobre la seguridad, la convivencia y el funcionamiento cotidiano del establecimiento. 

Las carencias se extienden a la atención sanitaria, las propuestas socioeducativas y el mantenimiento edilicio. Existen reclamos persistentes relacionados con el trato entre internos y personal, además de la necesidad de rediseñar o reubicar por completo el sector femenino para asegurar condiciones adecuadas de convivencia e integración social. 

TRABAJADORES DESCRIBEN UN ESCENARIO SANITARIO CRÍTICO

La preocupación no proviene únicamente de familiares, organismos de derechos humanos o representantes políticos. El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios también expuso ante el Parlamento un panorama marcado por el deterioro de las instalaciones y la ausencia de soluciones suficientes.

El dirigente Germán Gutiérrez describió graves problemas en el sistema sanitario, acumulación de residuos, cloacas improvisadas y presencia de roedores en áreas próximas al almacenamiento de alimentos. El gremio evalúa promover un recurso de hábeas corpus para exigir medidas urgentes que protejan tanto a las personas recluidas como a quienes trabajan en el lugar. 

Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental se plantea, además, que el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación podrían iniciar actuaciones administrativas de oficio.

Entre las alternativas debatidas aparece la posibilidad de que Las Rosas vuelva a cumplir una función estrictamente departamental, reduciendo la recepción de personas derivadas desde otros puntos de la región. 

FISCALÍA DEBERÁ DELIMITAR LOS HECHOS

La documentación trasladada abre ahora una instancia decisiva.

Corresponderá al Ministerio Público determinar qué elementos poseen apariencia delictiva, individualizar posibles responsabilidades y separar las fallas estructurales de aquellas conductas que puedan constituir corrupción, abuso o incumplimiento de deberes.