ORDENANDO LAS COSAS
Caso Balcedo–Fiege: Organismo Internacional de Derechos Humanos emplaza a Uruguay.
El Estado uruguayo deberá responder en un plazo máximo e improrrogable de cuatro meses a la denuncia presentada por Marcelo Balcedo, Paola Fiege y su familia. La causa ingresa formalmente al sistema interamericano y podría derivar en un reclamo superior a 200 millones de dólares por daños materiales y reputacionales.
Una nueva etapa de dimensión internacional se abrió para Uruguay tras la notificación cursada el 18 de febrero de 2026, mediante la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio traslado formal al Estado de la petición P-2731-25, promovida por Marcelo Antonio Balcedo, Paola Marina Fiege y su núcleo familiar; a la que tuvo acceso Cadena del Mar.
El oficio, dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores, concede un plazo de tres meses para contestar, prorrogable hasta un máximo de cuatro, siendo este último término improrrogable conforme al artículo 30 (3) del Reglamento del organismo.
Si bien la admisión del trámite no implica un pronunciamiento sobre el fondo, sí supone que el órgano interamericano consideró que existen elementos suficientes para requerir explicaciones formales al Estado uruguayo por presuntas vulneraciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El origen del caso se remonta al operativo realizado en la madrugada del 4 de enero del año 2018 en la residencia familiar ubicada en el Municipio de Piriápolis, procedimiento que incluyó un importante despliegue policial.
La denuncia presentada ante el sistema interamericano sostiene que durante aquella actuación se habrían efectuado incautaciones sin una orden judicial específica que delimitara con precisión el alcance de las medidas.
Entre los derechos invocados en la petición figuran la libertad personal, las garantías judiciales, el derecho de defensa, la protección de la familia y el interés superior del niño.
La Defensa plantea que la prolongación del proceso y determinadas decisiones adoptadas en el marco de la cooperación penal con Argentina habrían configurado una dilación indebida y una afectación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
También se cuestiona la exposición pública inicial del caso y el impacto reputacional derivado de la cobertura mediática.
Según el planteo, determinadas imputaciones difundidas en las primeras etapas no habrían sido rectificadas con igual intensidad cuando surgieron elementos que descartaban ciertas hipótesis delictivas.
En el año 2022, un fallo de la Corte Suprema argentina declaró la incompetencia del fuero federal para intervenir en cuestiones vinculadas al sindicato SOEME, circunstancia que forma parte del contexto jurídico que ahora será evaluado en la instancia internacional.
La estrategia jurídica, encabezada por Leonardo de Carvalho e Silva y Leonardo Bishop, incluye además cuestionamientos al régimen de extradición aplicado y al tratamiento del pedido de refugio, entendiendo que se habrían limitado garantías procesales básicas.
La presentación alude a la eventual utilización del aparato judicial con fines de persecución política, extremo que deberá ser analizado en el marco del procedimiento.
El trámite ante el sistema interamericano contempla la posibilidad de una solución amistosa fundada en el respeto de los Derechos Humanos.
De no alcanzarse ese acuerdo, el expediente podría avanzar hacia una etapa de fondo que determine si existió responsabilidad internacional del Estado uruguayo.
En paralelo, la pareja analiza promover una acción indemnizatoria que superaría los 200 millones de dólares por daños materiales y reputacionales, lo que añade una dimensión económica de alto impacto potencial.
Más allá de los nombres propios, lo que queda ahora bajo examen es si la cooperación penal entre Estados se ajustó plenamente a los estándares del debido proceso, si el ejercicio del poder punitivo respetó los límites establecidos en la Convención Americana y si la presunción de inocencia fue resguardada en un caso de fuerte exposición pública.
La respuesta oficial que Uruguay presente en los próximos meses marcará el rumbo de una causa que ya trascendió las fronteras nacionales y que podría tener consecuencias jurídicas e institucionales relevantes.