Caja de Profesionales (CJPPU): Ejecutivo descarta suba de timbres. ¿Financiación vía Rentas Generales?

La definición de cómo sostener financieramente a la Caja de Profesionales Universitarios, volvió a instalar tensiones entre el Directorio del organismo y el Poder Ejecutivo, tras culminar el trabajo de la comisión de expertos.

Los delegados de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social junto a Economía y Finanzas con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dejaron asentada su negativa a dos medidas centrales: incrementar el valor de los timbres profesionales y establecer la afiliación obligatoria de trabajadores en relación de dependencia.

Actualmente, cerca del 30% de los ingresos de la Caja proviene de recursos indirectos previstos en la normativa vigente, dentro de los cuales los timbres tienen un peso significativo.

Estos gravámenes se aplican sobre actuaciones profesionales —como recetas, certificados, análisis o trámites— y, en su mayoría, están fijados en montos constantes.

Diversos colectivos que participaron en la comisión respaldaron la idea de aumentar su valor, en línea con el planteo del Directorio.

Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que este mecanismo presenta debilidades estructurales. Entre ellas, su carácter regresivo, ya que los montos fijos impactan proporcionalmente más en los hogares de menores ingresos, aun contemplando exoneraciones en determinados casos.

A su vez, advierte que estos tributos generan distorsiones en los precios de algunos servicios, afectan la eficiencia económica y presentan niveles relevantes de evasión debido a la dispersión de los pagos y de los contribuyentes.

El análisis también pone foco en el área de la salud:

Parte de estos gravámenes incide sobre prestaciones médicas y medicamentos, lo que se traslada al usuario final.

En particular, se menciona el impuesto del 2% sobre productos farmacéuticos, que incrementa los costos y afecta especialmente a los sectores más vulnerables.

Asimismo, se identifican impactos en la construcción, donde existe un gravamen sobre la mano de obra que puede alcanzar el 4%, con posibles efectos sobre la informalidad en un sector ya expuesto.

En este contexto, el Poder Ejecutivo considera que aumentar la recaudación a través de estos instrumentos no resulta conveniente.

Señala que, si fuera necesario un mayor aporte de la sociedad para sostener la Caja, debería canalizarse mediante Rentas Generales, al tratarse de un mecanismo más transparente y con menor distorsión.

El Directorio, por su parte, busca compensar el desfasaje acumulado entre el Índice Medio de Salarios (IMS) y el Índice de Precios al Consumo (IPC) entre 2004 y 2025, estimado en 38.285 millones de pesos a valores constantes, y además propone extender el uso de timbres a actividades que actualmente no están alcanzadas.

Sostenibilidad con alertas hacia 2075:

La reforma aprobada a fines del año pasado introdujo cambios relevantes para fortalecer el sistema.

Entre ellos, el aumento progresivo de la tasa de aportación hasta el 22,5% en 2028, la creación de nuevas categorías de aportes fictos, la incorporación de contribuciones de pasivos y la consolidación de una asistencia estatal permanente.

Para 2026, ese respaldo se proyecta en unos 73 millones de dólares, a lo que se suman partidas adicionales de hasta 43,5 millones de dólares en los años 2025, 2026 y 2027.

Las proyecciones indican que la Caja logra sostenibilidad en el corto y mediano plazo. No obstante, algunos escenarios más exigentes, vinculados a la evolución de la cantidad de afiliados, advierten posibles dificultades a partir del año 2075.

Debate por la base de afiliados:

Otro eje de discusión fue la incorporación obligatoria de profesionales en relación de dependencia, una propuesta respaldada por el Directorio con el objetivo de ampliar la base contributiva bajo criterios similares a los del Banco de Previsión Social.

El Poder Ejecutivo rechazó esta alternativa al considerar que implicaría una transferencia indirecta de recursos desde el sistema público hacia la Caja, con un nivel elevado de incertidumbre y un mecanismo poco adecuado.

En cambio, existe acuerdo en avanzar en la incorporación de nuevas profesiones que hoy no están comprendidas, siempre que se trate de actividades ejercidas de manera independiente.

Por último, la comisión alcanzó consenso en la necesidad de regularizar situaciones de profesionales que desarrollan actividad liberal pero tributan como empresas unipersonales en el Banco de Previsión Social (BPS).

Para ello, se prevé el cruce de información, controles e inspecciones con el objetivo de corregir estas prácticas y desestimular su continuidad.