MERCADO ALERTA
Vehículos Eléctricos (Uruguay): ¿cambios en incentivos y tarifas?
Representantes del sector automotor y energías renovables expresaron preocupación por la revisión de beneficios fiscales anunciada por el gobierno nacional y por la decisión de UTE de eliminar descuentos en la red pública de carga. Consideran que ambas medidas podrían desacelerar la expansión de la movilidad eléctrica en Uruguay.
La transición hacia formas de transporte de menor impacto ambiental enfrenta un nuevo escenario de discusión en nuestro país.
Los anuncios realizados en las últimas semanas por las autoridades sobre posibles modificaciones a los estímulos que acompañan el desarrollo de los vehículos eléctricos abrieron un debate entre organismos públicos, empresas y organizaciones vinculadas al sector energético y automotor.
La inquietud surgió luego de que el Ministro de Economía y Finanzas, Ec. Gabriel Oddone, confirmara que el gobierno analiza revisar parte de las exoneraciones tributarias vigentes para estos vehículos.
A ello se sumó la decisión anunciada por el Vice Presidente de UTE, Roberto Bentancor, de eliminar hacia fines de este año 2026 las bonificaciones aplicadas actualmente en la red pública de carga.
¿Qué beneficios existen actualmente?
Los vehículos eléctricos cuentan hoy con una serie de estímulos orientados a fomentar su incorporación al mercado nacional.
Entre ellos se encuentran la exoneración del Impuesto Específico Interno (IMESI) y de la Tasa Global Arancelaria para la importación de vehículos, baterías y cargadores.
A esos beneficios se agrega un régimen diferencial de patente de rodados. Mientras los vehículos impulsados por combustibles fósiles tributan el 5% de su valor de mercado sin IVA, los eléctricos pagan actualmente el 3%.
Ese porcentaje, no obstante, ya había aumentado desde el 2,25% en noviembre del año pasado.
Para los representantes de la industria, la eventual reducción de estos estímulos, sumada a cambios en los costos de carga, podría alterar las condiciones que favorecieron el crecimiento sostenido del mercado durante los últimos años.
Preocupación en el sector automotor:
Desde la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), su gerente Ignacio Paz, sostuvo a los colegas de El Observador que la acumulación de medidas percibidas como desfavorables para la electrificación del transporte terminará impactando en la evolución del mercado.
“Si seguimos enviando señales en contra, va a repercutir”, afirmó. En la misma línea, calificó como “escandaloso” el precio de la electricidad en Uruguay.
A pesar de ello, los entendidos sostienen que los vehículos eléctricos continuarán comercializándose en nuestro territorio, aunque el ritmo de expansión podría desacelerarse.
El representante de ACAU sostuvo además que algunas de las decisiones planteadas resultan contradictorias con los objetivos de largo plazo vinculados a la política energética nacional y manifestó sorpresa por la ausencia de una posición pública del Ministerio de Ambiente respecto a estos anuncios. Agregando fuentes consultadas por Cadena del Mar que en privado, desde la Cartera de Ambiente ven con preocupación las posibles medidas tributarias.
Un mercado que continúa creciendo:
Las cifras más recientes reflejan la consolidación de esta tecnología dentro del mercado automotor uruguayo.
Durante 2025 se comercializaron 71.442 vehículos cero kilómetro, de los cuales alrededor del 20% correspondió a unidades eléctricas.
A su vez, entre enero y abril de este año 2026 la participación de este segmento se ubicó en torno al 29% del total de ventas.
Energías renovables también cuestionan los cambios:
Una postura similar fue planteada por el Presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (AUDER), Diego Oroño, quien afirmó también a los colegas periodistas del Observador que tanto la revisión de exoneraciones como la eliminación de descuentos en la carga pública tomaron por sorpresa a la organización.
“Lo consideramos apresurado”, sostuvo.
Oroño calificó además como “una medida errada” la decisión anunciada por UTE y entendió que no contribuye al fortalecimiento de una política orientada a promover la movilidad eléctrica.
A su juicio, el mercado todavía no alcanzó un nivel de madurez suficiente como para comenzar a retirar incentivos.
“De a poquito deja de ser conveniente comprar un eléctrico”, afirmó.
El dirigente explicó que ambas iniciativas tienen impactos diferentes según el perfil de usuario.
Mientras una eventual modificación tributaria podría influir en quienes evalúan adquirir un vehículo eléctrico, los cambios en las tarifas de carga afectarían directamente a quienes ya utilizan esta tecnología de manera cotidiana.
De igual forma, los referentes de las áreas mencionadas valoran la creación de un equipo técnico integrado por especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas y de ACAU para analizar los posibles efectos de las medidas que se encuentran en estudio.
Desafío de la infraestructura de carga:
Actualmente, UTE cuenta con aproximadamente 450 cargadores públicos y existen otros 150 privados -integrados a la red nacional-.
Además, se proyecta incorporar cerca de 300 nuevos puntos de carga durante este año.
En la red pública, la empresa estatal aplica una bonificación del 30% sobre la tarifa del kilovatio hora para usuarios particulares.
El objetivo planteado por las autoridades es avanzar gradualmente hacia una equiparación de precios con los operadores privados.
En materia de carga domiciliaria, los beneficios continuarán vigentes a través de las tarifas de doble horario y triple horario. Sin embargo, especialistas advierten que esta modalidad presenta limitaciones debido a los mayores tiempos de carga y a las dificultades que enfrentan muchos residentes de edificios o complejos habitacionales para instalar equipamiento adecuado.
Es menester señalar -a modo de ejemplo-, los actuales edificios todavía no está preparados en su mayoría para soportar una demanda creciente de carga doméstica y por lo cual es fundamental adecuar las instalaciones eléctricas para acompañar la transformación tecnológica del parque automotor.
Mientras continúan las conversaciones entre las autoridades, las gremiales empresariales y las organizaciones vinculadas a las energías renovables, el futuro de los incentivos y de la política de electrificación del transporte permanece en discusión.
Las definiciones que adopte el Gobierno en los próximos meses serán observadas con atención por un mercado que, pese a su crecimiento sostenido, todavía se encuentra en una etapa de consolidación.