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Cigarrillos alcanzan los 230 pesos: nuevo ajuste impositivo y kiosqueros denuncian crisis en el rubro.

La actualización anual del Impuesto Específico Interno provocó una suba en el precio de venta al público de tabacos y cigarros. Comerciantes minoristas advierten que el encarecimiento de la mercadería legal está impulsando el mercado ilícito, que ya representa casi la mitad del consumo nacional.

Desde el pasado 8 de enero, rigen en todo Uruguay los nuevos valores para los productos derivados del tabaco, tras el ajuste por decreto firmado por la vicepresidencia y el Ministerio de Economía.

Esta medida, que se aplica de forma sostenida desde hace dos décadas para desalentar el tabaquismo, elevó el costo de la caja de 20 unidades a los 230 pesos, mientras que las presentaciones de 10 unidades promedian los 120 pesos.

El ajuste impositivo, que ronda el 5%, impactó directamente en las pizarras de los comercios de cercanía. Actualmente, un paquete de tabaco de 45 gramos se comercializa a 160 pesos y las versiones con cápsulas de sabor llegan a los 240 pesos en sus cajas grandes.

Aunque el Estado justifica estas subas como una herramienta de salud pública, los vendedores minoristas reportan una caída drástica en sus niveles de facturación.

Desde la Asociación de Kioscos, especialistas del sector señalan con preocupación que el contrabando ya abarca entre el 45% y el 48% del mercado total en el país.

Según explican los asesores del rubro, el consumidor no abandona el hábito debido a los aumentos, sino que migra hacia canales ilegales donde los precios son significativamente menores, lo que ha posicionado a una marca de origen clandestino como la más consumida en territorio uruguayo.

Esta situación pone en riesgo la supervivencia de miles de pequeños locales comerciales en todo el territorio. Los representantes del gremio afirman que el rubro atraviesa un momento crítico, ya que la pérdida de clientes fumadores arrastra consigo la venta de otros artículos de almacén.

Ante este panorama, los kiosqueros alertan sobre la necesidad de medidas que equilibren la política sanitaria con la protección del comercio formal frente a la competencia desleal del mercado negro.