Caso Cardama: Frente Amplio impulsa la creación de una comisión investigadora en el Senado.

El senador Sebastián Sabini presentó ante la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse, una solicitud formal para la designación de una Comisión Preinvestigadora con el objetivo de analizar el contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional.

El planteo, realizado ayer 16 de febrero de 2026, se ampara en el artículo 144 del Reglamento del Senado y surge tras la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el acuerdo por presuntos incumplimientos contractuales e irregularidades en la constitución de garantías.

El contrato, firmado en diciembre de 2023, ascendía a 82.270.000 euros y contemplaba la construcción de dos buques bajo normativa de bandera uruguaya. En el documento presentado, el legislador sostiene que existirían inconsistencias en el proceso de ejecución y control del proyecto.

De acuerdo a informes técnicos posteriores, entre ellos uno elaborado por la firma clasificadora Bureau Veritas, se habrían detectado atrasos en la obra, falta de documentación técnica esencial y ausencia de constancias formales de aprobación por parte de la autoridad de bandera. Según se detalla, tras 11 meses de iniciado el proyecto el comprador no dispondría del proyecto de construcción definitivo ni de planos aprobados.

En relación al estado de avance, el informe técnico mencionado indica que el buque C-250 registraría un retraso estimado de aproximadamente cinco meses, con un 43% del acero montado en grada cuando el cronograma contractual proyectaba superar el 70%. Respecto al C-251, se señala que el certificado emitido por Lloyd’s en diciembre de 2025 no acreditaría la “puesta de quilla”, hito contractual previsto para junio de 2026, por lo que esa instancia no habría sido formalmente cumplida.

Uno de los aspectos centrales del planteo refiere a la garantía de fiel cumplimiento, superior a cuatro millones de euros, cuya ejecución resultó imposible luego de constatarse que era apócrifa y que la empresa emisora había sido liquidada en el Reino Unido.

La garantía fue emitida por EuroCommerce LTD, señalada en el documento como una aparente “empresa fantasma”, con dirección incorrecta y sin respaldo bancario verificable. Ante estos hechos, el 24 de octubre de 2025 el Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, el senador cuestiona la decisión adoptada en octubre de 2024 de aceptar una garantía anual renovable en lugar de mantener el plazo contractual original de 42 meses. Según se expone, el astillero no habría remitido la renovación dentro de los plazos establecidos ni habría justificado ese incumplimiento, lo que derivó en la resolución del Poder Ejecutivo que autorizó la ejecución de la garantía.

En ese contexto, el legislador plantea interrogantes sobre los controles administrativos realizados y sobre quiénes habrían autorizado la aceptación de los términos de referencia de la póliza.

El escrito también formula preguntas acerca del procedimiento de contratación. Se consulta por qué se dejó sin efecto el proceso competitivo inicial para optar por una compra directa, si se otorgó a Cardama la posibilidad de mejorar su oferta sin aplicar el mismo mecanismo al resto de los oferentes y por qué no se habría consultado con mayor profundidad al Banco Central del Uruguay respecto a la validez de las garantías presentadas.

En referencia a una nota periodística publicada en diciembre de 2025, se menciona que el entonces ministro de Defensa habría elevado la propuesta del astillero al comandante en jefe de la Armada, y que durante el proceso se habrían adoptado “decisiones anticipadas o condicionadas” en lugar de una evaluación técnica y económica integral.

En su argumentación, Sabini sostiene que, de confirmarse los extremos señalados, el país podría enfrentar pérdidas económicas relevantes y un impacto institucional significativo, ya que se trata de un contrato estratégico vinculado a la defensa de la soberanía nacional.

Por ello, solicita la creación de una Comisión Preinvestigadora que permita esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades políticas y administrativas y analizar el procedimiento seguido en la adjudicación y ejecución del contrato.

El planteo parlamentario se produce días después de que el presidente de la República comunicara oficialmente la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con el astillero español, instruyendo acciones para recuperar el patrimonio del Estado y avanzar en una nueva estrategia para la adquisición de las patrulleras oceánicas.