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José Ignacio y Montevideo (fraude millonario): ¿cómo desviaban la mercadería y qué hacían con ella?
Las diferencias entre los alimentos facturados y los efectivamente recibidos permitieron detectar una presunta maniobra que habría ocasionado pérdidas superiores al millón de dólares. El Ministerio Público busca establecer si esos recursos financiaron la adquisición de inmuebles, vehículos y viajes al exterior. La familia vinculada a los negocios afectados posee una extensa trayectoria comercial en el departamento de Maldonado.
Una investigación por presuntas irregularidades en las compras de una empresa gastronómica permitió reconstruir un circuito mediante el cual parte de la mercadería adquirida habría sido desviada antes de llegar a destino.
La firma perjudicada, Bowerdin S.A., propietaria de los establecimientos Río Café y Manzanar, habría sufrido pérdidas estimadas en más de un millón de dólares durante aproximadamente siete años.
Según la hipótesis de Fiscalía, el mecanismo habría aprovechado los procedimientos habituales de abastecimiento para retirar artículos facturados a nombre de la compañía; según informó el colega periodista Agustín Carballo para El País y confirmó Cadena del Mar (106.5 F.M.).
Las sospechas surgieron al comprobarse que determinados pedidos superaban ampliamente el consumo real de los locales.
Uno de los ejemplos más significativos fue la facturación de 1.800 huevos, cuando cada restaurante utilizaba habitualmente entre 100 y 200 unidades.
Estas diferencias llevaron a los responsables empresariales a revisar la documentación comercial y posteriormente a presentar una denuncia penal, representados por el Dr. Jorge Barrera.
Como informó anteriormente Cadena del Mar (106.5 F.M.), el caso también tiene repercusión en nuestro departamento debido a la trayectoria de la familia empresarial en el sector gastronómico, vinculada al más reconocido parador de José Ignacio y del área de Laguna Garzón.
¿Cómo funcionaba el circuito investigado?
La Dra. Sandra Fleitas, titular de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno junto a su equipo, atribuyeron al principal imputado un papel central en la presunta apropiación de productos.
El hombre ocupaba la Jefatura de Compras desde el año 2017. Esa responsabilidad le otorgaba contacto directo con proveedores y conocimiento de los procedimientos de recepción, facturación y pago, además de contar con la confianza de los propietarios.
Según la reconstrucción Fiscal, el encargado gestionaba pedidos a nombre de la sociedad y solicitaba su distribución en diferentes comprobantes.
De esta manera, sólo una parte de lo adquirido llegaba a los restaurantes, mientras que el resto quedaba disponible para su retiro en los comercios abastecedores.
La mercadería restante habría sido recogida en camionetas por familiares y otras personas relacionadas con el principal acusado, quienes presuntamente la transportaban hasta una verdulería perteneciente a su padre.
Desde allí, los artículos eran comercializados a compradores que, de acuerdo con la exposición del Ministerio Público, desconocían su origen y actuaban de buena fe.
La causa también comprende la presunta participación del tío y de un ex empleado de la empresa, quienes habrían intervenido en el circuito de apropiación. Ambos fueron imputados como coautores de apropiación indebida y por asociación para delinquir.
En la verdulería se localizaron productos y materiales de embalaje con identificaciones de la firma afectada. Asimismo, el Dr. Barrera destacó la existencia de registros que mostraban pedidos de la compañía cargados en un vehículo ajeno a su flota.
Meses atrás, los empresarios convocaron a varios trabajadores para esclarecer diferencias en las facturas.
Quienes recibían habitualmente los suministros manifestaron que no recordaban entregas de semejante volumen, mientras que el Jefe de Compras argumentó que correspondían a solicitudes extraordinarias.
La explicación no coincidió con lo declarado por otros empleados y, después de ese encuentro, el funcionario dejó de presentarse a trabajar.
Adquisiciones y desplazamientos bajo análisis:
Las actuaciones también procuran determinar qué destino tuvieron los recursos presuntamente obtenidos mediante estas operaciones.
Entre 2023 y 2025, el principal imputado adquirió al menos dos camionetas, un inmueble y un automóvil de alta gama, movimientos que despertaron el interés de Fiscalía por su evolución patrimonial.
También se identificaron casi media docena de viajes internacionales realizados junto a su pareja, entre cuyos destinos aparecen Nueva York, Brasil, Dubái, Miami y Roma.
La Dra. Sandra Fleitas señaló que estos antecedentes podrían dar lugar a una investigación por autolavado de activos, aunque aclaró que esa figura delictiva todavía no fue incluida en las imputaciones.
Para profundizar esa línea, el Ministerio Público cuenta con intercambios de mensajes, fotografías, registros audiovisuales, documentación bancaria parcial e información de la Dirección Nacional de Registros.
Aún resta analizar dispositivos electrónicos, obtener antecedentes de la Dirección General Impositiva (DGI) y del Banco de Previsión Social (BPS), además de recibir declaraciones de otras personas que podrían estar relacionadas con los hechos, algunas de ellas radicadas fuera del país.
Decisiones adoptadas por la Justicia:
La Jueza Dra. Silvana García dispuso la formalización de la investigación contra cuatro hombres y la imputación por asociación para delinquir y apropiación indebida.
El principal imputado deberá permanecer bajo arresto domiciliario total con dispositivo electrónico.
Su padre, también comprendido en las actuaciones, cumplirá arresto domiciliario nocturno, entre las 22.00 hs. y las 06.00 horas.
Los otros dos investigados deberán fijar domicilio, presentarse ante la Policía, permanecer en territorio uruguayo y evitar contactos o acercamientos con los restantes imputados durante 120 días. Esta última restricción también alcanza al padre y al hijo.
Una quinta persona continúa vinculada al expediente sin haber sido imputada.
Fiscalía aguarda una pericia para establecer si existen elementos suficientes que justifiquen atribuirle responsabilidad penal.
Mientras tanto, deberá declarar domicilio, no abandonar Uruguay y abstenerse de comunicarse o aproximarse a los demás involucrados.
Base informativa: El País + Cadena del Mar.
