Investigan

Ministro del Interior (Amenaza): detuvieron a un hombre.

El sospechoso, de 30 años y sin antecedentes penales, fue ubicado en Barros Blancos luego de comunicaciones dirigidas contra el Dr. Carlos Negro. Durante el procedimiento se incautaron celulares, no se encontraron armas y el caso quedó en manos de la Fiscalía de Pando.

Un hombre de 30 años fue detenido este domingo en Barros Blancos, departamento de Canelones, luego de realizar llamadas al servicio de emergencias 911 en las que amenazaba de muerte al Ministro del Interior, Carlos Negro.

El caso fue informado por la cartera y quedó bajo investigación de la Fiscalía de Pando.

De acuerdo con la información policial consignada por los colegas periodistas de El País, el sospechoso fue ubicado tras un allanamiento realizado en esa zona canaria.

En el operativo se incautaron teléfonos celulares, aunque no se detectó la presencia de armas en la vivienda.

El detenido no tenía antecedentes penales y reconoció haber sido el autor de las comunicaciones.

Durante las actuaciones, el hombre afirmó que al momento de efectuar las llamadas se encontraba bajo los efectos de estupefacientes.

La investigación deberá establecer ahora el alcance real de las amenazas, el contexto en que fueron realizadas y si existió algún tipo de planificación o vínculo con otras personas.

Otros medios locales señalaron que las comunicaciones también habrían alcanzado la línea 0800-5000 del Ministerio del Interior y que la Policía logró concretar la detención en menos de 24 horas desde recibidas las amenazas.

Hasta el momento, según fuentes citadas por Metropolitano, no hay indicios de conexión con organizaciones criminales.

El episodio ocurre en un contexto de especial sensibilidad para las autoridades de seguridad pública, en medio de investigaciones vinculadas a amenazas, violencia organizada y episodios de intimidación contra representantes del sistema institucional.

Por eso, más allá de la declaración inicial del detenido, la causa continuará bajo análisis fiscal para determinar responsabilidades y eventuales medidas judiciales.

La situación también vuelve a poner el foco en la capacidad de respuesta del sistema de emergencias y de las unidades policiales encargadas de rastrear comunicaciones amenazantes.