Maldonado
Reforma penal (Víctimas): coordinadora 8M advierte posibles retrocesos.
La organización realizó un conversatorio en nuestro departamento para analizar el proyecto que modifica el Código de Proceso Penal. Especialistas y referentes sociales plantearon reparos sobre su impacto en el acceso a la Justicia, la protección de denunciantes y el tratamiento institucional de casos sensibles.
La discusión por los cambios al Código de Proceso Penal tuvo una instancia de análisis marcada por la preocupación de organizaciones sociales, feministas y referentes vinculados al acompañamiento de víctimas.
La Coordinadora 8M Maldonado convocó a un conversatorio en la Junta Departamental, donde se abordaron los posibles efectos de la reforma que se encuentra a estudio del Parlamento.
La actividad reunió a representantes legales, especialistas e integrantes de distintos colectivos para examinar el alcance de la iniciativa desde una perspectiva centrada en las personas afectadas por delitos.
Entre las expositoras estuvieron Teresa Herrera, Soledad Suárez Navas, María De La Paz Echetto, Ivanna Messano e Ignacio Barlocci, quienes analizaron aspectos técnicos, institucionales y sociales del proyecto.
El planteo principal estuvo dirigido a advertir que una modificación del proceso penal no debería reducir garantías para quienes denuncian, declaran o atraviesan situaciones de violencia.
Desde la organización señalaron que varias disposiciones pueden generar incertidumbre en víctimas de delitos comunes, violencia basada en género, abuso, amenazas, estafas, rapiñas, homicidios o episodios vinculados al crimen organizado.
Uno de los puntos sensibles es el eventual cambio en el equilibrio entre investigación penal, reserva de las actuaciones y participación de las víctimas dentro del proceso.
Para las organizaciones convocantes, cualquier reforma debería fortalecer la persecución del delito sin debilitar la confianza de quienes acuden al sistema judicial en busca de protección, reparación o respuesta institucional.
Durante el encuentro también se puso énfasis en la necesidad de incorporar una mirada más amplia sobre las personas en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, se advirtió que niños, niñas, adolescentes, mujeres en contextos de violencia, adultos mayores y personas con menor acceso a recursos legales pueden quedar especialmente expuestos si el diseño procesal no contempla sus condiciones concretas.
La abogada Soledad Suárez Navas, docente de la Universidad de la República y magíster en litigación estratégica por la Universidad de Salamanca, presentó parte del análisis elaborado junto a otros profesionales y trasladado al ámbito parlamentario.
La mirada compartida durante la instancia apuntó a que la reforma no sea abordada únicamente como una discusión técnica, sino también como una decisión con consecuencias directas sobre la vida de quienes transitan una causa penal.
Otro eje del conversatorio fue el impacto que determinadas modificaciones podrían tener sobre la circulación de información, la reserva de investigaciones y el trabajo de actores sociales, jurídicos y comunicacionales.
Las organizaciones entienden que el combate al delito requiere reglas claras, pero también mecanismos que no generen temor, silencio o desprotección entre quienes participan de los procesos.
La Coordinadora 8M Maldonado planteó que el camino debería orientarse a mejorar la capacitación de operadores, fortalecer los dispositivos de atención y revisar los mecanismos de protección existentes, antes que introducir cambios que puedan ser interpretados como un retroceso para las víctimas.