SEGURIDAD SOCIAL
Alivio para empresas: BPS lanzará nuevo plan para regularizar deudas.
Un nuevo régimen de facilidades de pago permitirá refinanciar obligaciones previsionales en condiciones más flexibles. La medida alcanzará a unas 37.000 empresas, con especial foco en las micro y pequeñas firmas, y comenzará a aplicarse desde setiembre.
La aprobación de una nueva ley abrió el camino para que unas 37.000 empresas con deudas ante el Banco de Previsión Social (BPS) puedan regularizar su situación mediante un régimen especial de facilidades de pago.
La iniciativa apunta a aliviar la carga financiera de las firmas morosas, favorecer la continuidad de la actividad y contribuir a la recuperación del empleo, especialmente en el segmento de las micro y pequeñas empresas.
Según explicó la presidenta del BPS, Jimena Pardo, actualmente existen unas 340.000 empresas activas registradas en el organismo, de las cuales alrededor de 37.000 mantienen obligaciones pendientes.
Dentro de ese grupo, unas 4.200 continúan en actividad, por lo que el nuevo instrumento busca ofrecerles una alternativa viable para sanear sus adeudos sin comprometer su funcionamiento.
Entre las principales innovaciones, la normativa elimina la cuota mínima exigida para acceder a convenios de pago, habilita la refinanciación de deudas generadas desde 1996 hasta la entrada en vigencia de la ley e incorpora períodos de gracia para aquellas empresas de menor porte que necesiten un margen antes de comenzar a cancelar sus obligaciones.
Otra de las modificaciones relevantes es que, por primera vez, podrán financiarse mediante convenios los aportes correspondientes a trabajadores dependientes, una posibilidad que hasta ahora no contemplaba la legislación y que dificultaba la regularización de numerosas empresas.
El organismo dispondrá de 90 días para reglamentar e implementar el nuevo sistema, que se prevé entre en funcionamiento a partir de setiembre. Su lanzamiento estará acompañado por una campaña informativa dirigida a las firmas que podrán acogerse a este régimen.
Pardo destacó que la morosidad del BPS continúa en niveles históricamente bajos, ubicándose en torno al 2,5% del total de los aportes.
No obstante, advirtió que el marco legal vigente presenta limitaciones para resolver determinados casos y que las tasas de interés actuales suelen convertirse en un obstáculo para las empresas que arrastran deudas desde hace varios años.
La ley establece plazos de financiación de hasta 36 o 72 meses, según la naturaleza de las obligaciones incluidas en cada convenio. El objetivo es distribuir los pagos en un horizonte más amplio, reduciendo el impacto sobre la liquidez de las empresas mientras continúan desarrollando su actividad.
Además de respaldar a las firmas que permanecen operativas, el nuevo régimen busca facilitar que aquellas actualmente inactivas puedan regularizar sus adeudos, evitando futuros inconvenientes para sus titulares al momento de iniciar trámites jubilatorios y contribuyendo, al mismo tiempo, al fortalecimiento del sistema de seguridad social.