Denuncia Penal: apuntan contra la familia Karagozlu y su abogado por presunta utilización abusiva de la Justicia y de procedimientos administrativos.

La demanda en el fuero penal presentada esta semana por el abogado Rafael Giménez -integrante del estudio que liderada el penalista Dr. Paul Pereira Schurmann-, sostiene que "durante años los propios denunciantes participaron activamente del desarrollo de un proyecto inmobiliario en la zona de José Ignacio, otorgaron poderes, recibieron información permanente sobre las gestiones y conocieron cada una de las actuaciones administrativas vinculadas al emprendimiento".

Sin embargo, la presentación -realizada ante la Fiscalía Letrada de Maldonado de 3° Turno- enuncia que, al momento de promover la denuncia penal, tanto los integrantes de la familia Karagozlu como su abogado "omitieron deliberadamente esos antecedentes y presentaron una reconstrucción parcial de los hechos, mezclando expedientes administrativos diferentes para intentar crear la apariencia de una maniobra ilícita".

La denuncia afirma además que esa versión "habría sido utilizada tanto ante la Justicia como ante la propia Intendencia" de Maldonado, "ocultando documentación que los propios denunciantes conocían" y que "resultaría incompatible con las imputaciones formuladas".

Para el estudio Pereira Schurmann, "el objetivo de esa actuación fue convertir un conflicto entre particulares en una causa penal con el propósito de presionar, paralizar expedientes administrativos, afectar el desarrollo inmobiliario y ocasionar un grave perjuicio económico y reputacional".

Por ello, "la denuncia presentada esta semana ante la Justicia solicita que se investigue la eventual responsabilidad penal de los integrantes de la familia Karagozlu y su abogado por la posible comisión de delitos como simulación de delito, calumnia y abuso de las vías procesales", además de determinar si existió "una utilización deliberadamente distorsionada de información presentada ante la Justicia y la Intendencia de Maldonado".

“El señor Etchebarne es un empresario que ha invertido e invierte fuertemente en Maldonado, que ha desarrollado y sigue desarrollando emprendimientos que generan trabajo y que hacen crecer al departamento, y todo lo que encuentra son obstáculos para su actividad. Es hora de comprender que no podemos tratar de esta forma a quienes confían en nuestro país y apuestan por su desarrollo, porque les estamos sacando las ganas de invertir”, afirmó el abogado Rafael Giménez.

La presentación sostiene que "el caso excede el conflicto particular y plantea una cuestión institucional de relevancia: si es admisible utilizar el proceso penal y los organismos públicos como herramientas de presión" mediante denuncias que, según se afirma, omiten hechos y documentos esenciales conocidos por quienes las promovieron.

De prosperar la investigación, el expediente podría convertirse en un antecedente sobre las consecuencias jurídicas de promover denuncias presuntamente falsas o construidas sobre omisiones deliberadas, con impacto no solo sobre las personas involucradas sino también sobre la credibilidad del sistema judicial y de la administración pública.