"Bajo orden judicial": Intendencia retira construcción en faja costera. Hay dos versiones.

Días pasados, informamos sobre una obra enclavada en un terreno de 360 de metros cuadrados aproximadamente, que a los efectos de la realidad es un contenedor con básicas estructuras de hormigón.

Según las autoridades "no se cuenta con permisos ni autorizaciones municipales ni ambientales".

Información y documentación (más de 50 biblioratos) a los que accedió Cadena del Mar de forma exclusiva -a través del equipo de #CadenaInvestiga-, generan en primera instancia muchas dudas y contradicciones administrativas en el proceso llevado adelante; más aun cuando hay plazos que continúan vigentes para realizar evacuaciones por parte de los representantes del inmueble en cuestión.

Tal cual surge de testimonios notariales en poder de nuestro medio de comunicación, podría "haberse inducido en error involuntario a Fiscalía y por ende a la Justicia".

Sin ánimo de adjudicar responsabilidades, se señala en los archivos precitados, "a un poderoso edil nacionalista con conflicto de intereses en la zona y eventuales antiguas sociedades con la familia que colocó el contenedor (no una casa de material tradicional) en el predio del cual tienen acreditados derechos desde hace más de 30 años", se expresa.

A su vez, un equipo de abogados y peritos están sustanciando una contrademanda penal y civil, por daños y perjuicios así como presuntos delitos cometidos por varias autoridades, "demostrados -entre otras cosas- por falta de legitimación activa y pasiva, un cúmulo de irregularidades y siempre un denominador común: el edil"; se lee en los documentos.

Del precitado legislador departamental, el equipo de periodistas de #CadenaInvestiga, analiza la veracidad de audios y videos, que "podrían comprometerlo y enmarcarse dentro del delito de abuso de funciones -entre otras tipificaciones penales-".

La denuncia original administrativa fue presentada por un particular y diligenciada "con una llamativa celeridad y accionar con ribetes tendenciosos", advierte un destacado abogado administravista grado 5 consultado en otro informe al que accedió Cadena del Mar.

Como se aprecia en las imágenes, la Justicia falló en primera instancia a favor de la Intendencia Departamental Maldonado, autorizando el retiro de la estructura liviana allí enclavada.

Personal municipal procedió al desmantelamiento.  Fuentes calificadas indicaron que en los próximos días continuarán aportando documentación a nuestros periodistas, porque están convencidas de que "el Intendente Departamental obró de buena fe, pero dos funcionarios y el ya citado edil no habrían actuado de la misma manera".

Este hecho es el inicio de un proceso largo que se entablará en el área civil, administrativa, contenciosa e incluso penal contra una serie de personas físicas y jurídicas, que como viene de expresarse, "habrían inducido en errores involuntarios a las autoridades competenetes que trabajaron para arribar al desenlace efectivizado en la jornada de hoy".

El Intendente Miguel Abella se refirió al operativo: “Acá hay que tener bien claro que se actuó frente a una irregularidad confirmada, sin permiso de construcción, y tanto la Intendencia como el Ministerio de Ambiente intervinieron tras una denuncia”.

El Jefe Comunal subrayó que se cumplió todos los pasos legales: “Hoy estamos procediendo bajo una orden judicial, no es una medida directa de la comuna. Tenemos la potestad de retirar estas estructuras porque la Justicia nos dio la razón”.

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