Muertes en INAU (interpelación): fuerte cruce político por fallas estructurales y cuestionamientos cruzados.

Una sesión de alto voltaje político en la Cámara de Representantes colocó en el centro del debate las muertes de personas bajo tutela estatal, en medio de críticas directas al funcionamiento del sistema y la respuesta de las autoridades.

El llamado a Sala fue impulsado por el Diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, quien interpeló al Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, por los fallecimientos registrados en el ámbito del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, organismo dependiente de esa Cartera.

Durante su intervención, el legislador nacional sostuvo que existe una situación de “desprotección” hacia niños y adolescentes y apuntó a problemas “estructurales” en el funcionamiento del sistema.

En ese sentido, fue especialmente crítico con la actitud de las autoridades: “Una cosa es que el sistema falle por falta de recursos, pero otra muy distinta es la falta de empatía, presencia, humanidad y, sobre todo, la mentira”, afirmó.

Aseguró que las 20 muertes registradas en el último año —ocho de ellas correspondientes a menores— “se pudieron evitar”, y vinculó esos casos a fallas de gestión, controles insuficientes y decisiones inadecuadas en situaciones concretas.

En ese marco, planteó: “¿Cómo es posible que con toda la estructura del MIDES y del INAU se nos mueran 20 hijos del Estado en un solo año?”

El planteo incluyó cuestionamientos al funcionamiento de centros de atención, donde denunció episodios de violencia, consumo problemático de sustancias y captación de menores por redes delictivas.

En ese contexto, citó informes de organismos como Amnistía Internacional y la Institución Nacional de Derechos Humanos, que advierten sobre déficits persistentes en el sistema.

Uno de los focos más sensibles estuvo puesto en el Centro de Breve Estadía (ex-Tribal), al que describió como un ámbito con “violencia persistente”.

Según Jisdonian, mientras esa situación era conocida, el Directorio del INAU habría reasignado personal a tareas de asesoramiento sin cubrir las vacantes, lo que —a su entender— profundizó las dificultades.

“¿A quién están protegiendo?”, planteó en uno de los pasajes más duros de su intervención.

El Representante Nacional, también aludió a momentos críticos en los que, según indicó, autoridades no se encontraban en funciones, lo que derivó en cuestionamientos sobre la conducción del organismo.

Además, denunció haber sido objeto de vigilancia tras reunirse con familiares de las víctimas, situación que calificó como impropia de un sistema democrático.

En otro tramo de su exposición, advirtió sobre el avance del crimen organizado en contextos vulnerables.

Señaló que menores son captados en barrios carenciados mediante pagos —entre 500 y 1.000 pesos— para realizar tareas vinculadas a actividades ilícitas, en un escenario donde, afirmó, el Estado no logra dar respuestas eficaces.

La interpelación también incorporó el análisis de casos recientes ocurridos entre diciembre de 2025 y febrero de 2026: un joven que se suicidó, otro que murió ahogado en la bahía de Capurro el 31 de diciembre, un tercero fallecido por gastroenterocolitis y un cuarto por paro cardiorrespiratorio.

En respuesta, el Ministro Civila expresó su “sorpresa” por el tono y contenido de la exposición, y consideró que no contribuye a abordar una problemática compleja sin el debido rigor.

En nombre del Poder Ejecutivo, manifestó su “absoluto respaldo” a la gestión del Directorio del INAU.

El jerarca también explicó las condiciones en las que se preparó la comparecencia: “Conocimos las preguntas cinco minutos antes de ingresar a Sala”, señaló, y añadió que se optó por realizar una exposición general antes de avanzar en respuestas específicas.

Civila subrayó que el sistema enfrenta desafíos profundos y de larga data, y planteó la necesidad de abordar la situación con “estudio” y “rigurosidad”.

Asimismo, descartó de plano cualquier acción institucional vinculada a un eventual seguimiento al legislador, y se puso a disposición para acompañar una denuncia en caso de existir elementos.

Por su parte, la Presidenta del INAU, Claudia Romero, reconoció que el escenario actual “preocupa, duele y desvela”, y afirmó que el organismo no desconoce las dificultades existentes.

En ese sentido, remarcó que los niños y adolescentes bajo protección son los más vulnerables y que ingresaron al sistema ante la imposibilidad de ser contenidos por sus entornos familiares.

Romero advirtió además que no es posible revertir en el corto plazo problemáticas acumuladas durante años: “No se puede reparar en 12 meses el daño estructural histórico de muchísimos años”, sostuvo ante los parlamentarios.

En cuanto a los datos, informó que entre 2015 y 2025 se registraron 190 fallecimientos en el sistema de protección especial.

Sólo en 2025 hubo 20 muertes, de las cuales ocho correspondieron a menores y 12 a personas mayores de edad.

Más del 70% de los casos —explicó— están asociados a factores como la mayoría de edad o la presencia de discapacidades y comorbilidades, en situaciones de personas con prolongada permanencia institucional.

A este panorama se suman variables que incrementan la presión sobre el sistema: la población atendida pasó de 7.901 personas en diciembre de 2024 a 7.988 en igual mes de 2025, mientras que la demanda judicial creció de forma sostenida, pasando de 24.500 oficios en 2020 a 73.414 en 2025, lo que representa un incremento acumulado del 200%.

El desarrollo de la interpelación también tiene implicancias políticas, ya que, a diferencia de instancias anteriores, el oficialismo no cuenta con mayoría en la Cámara de Representantes.

En ese escenario, los votos de Identidad Soberana y Cabildo Abierto podrían resultar determinantes ante una eventual moción crítica a la gestión.

El debate dejó en evidencia la complejidad del sistema de protección y las diferencias sobre cómo enfrentarlo, en un tema que combina urgencias sociales, responsabilidades institucionales y definiciones políticas de fondo.