POLÉMICA OPV
Joaquín Garlo (FA): "Ciertos actores de la oposición actúan como abogados de Cardama en lugar de defender los intereses nacionales; Uruguay demandará a la empresa por daños y perjuicios".
El Diputado por el Frente Amplio, quien integra la comisión preinvestigadora en la Cámara de Representantes, reveló este viernes 20 de febrero en "La Mañana en Cadena" que de rescindir el contrato con el astillero español, medida adoptada el 13 de febrero, respondió a la necesidad de frenar un nuevo desembolso de dinero previsto para el día 15, protegiendo así el patrimonio nacional ante lo que calificó como un negocio "marcado por la turbiedad".
La rescisión del contrato con Cardama ha derivado en una intensa batalla parlamentaria.
Joaquín Garlo explicó en conversación con Cadena del Mar que el gobierno actuó de forma responsable al detectar incumplimientos sistemáticos: "Estamos ante un contrato que nunca debió entrar en vigencia. No se realizaron los controles pertinentes en la administración pasada".
Y agregó: "Se presentó una garantía de fiel cumplimiento de una empresa inexistente y documentación falsa para legitimarla. Además, la póliza de reembolso nunca fue entregada correctamente al Estado".
Garlo fue enfático al desestimar los temores sobre posibles juicios millonarios en tribunales internacionales, argumento utilizado por sectores de la oposición: "El contrato se rige por las leyes de Uruguay y cualquier diferencia se dirime ante el Poder Judicial uruguayo".
"Me llama la atención que algunos legisladores nacionales hablen como si fueran abogados defensores de Cardama, defendiendo los intereses de una empresa privada que perjudicó al país", señaló en clara alusión a las declaraciones del Senador Rodrigo Blás (Partido Nacional).
"Uruguay demandará a la empresa por daños y perjuicios", advirtió.
En cuanto al ámbito parlamentario, el referente frenteamplista destacó la particularidad de que existan dos comisiones investigadoras (una en la cámara de Senadores y la otra en la cámara de representantes) tratando el mismo tema. Mientras el oficialismo en el Senado busca investigar todo el proceso desde el año 2024, el Partido Nacional en Diputados propuso investigar solo la rescisión, pero con un plazo que se remonta al año 2004.
Bajo esta órbita, el legislador subrayó: "Esa lógica deben explicarla ellos; lo que está claro es que el Poder Ejecutivo resolvió investigar a fondo para determinar responsabilidades institucionales e individuales".
Destacó que el Estado ya es propietario del acero en España y buscará su restitución.
Finalmente, el Diputado Joaquín Garlo, reafirmó el compromiso del actual gobierno nacional de adquirir las OPV (Patrulleras Oceánicas) necesarias para el control del mar territorial uruguayo dentro de este periodo, así como contoinuar la línea ajustada a Derecho vinculada a la rescisión del contrato con el astillero español, cuyo titular es Mario Cardama, y el que fuera contratado por la administración anterior nacionalista.