PARLAMENTO

Diputado Echeverría (PN): "Este proyecto apunta a combatir el oscurantismo y la falta de transparencia de la JUTEP".

El Diputado Nacional Diego Echeverría presentó una iniciativa legislativa para obligar a la Junta de Transparencia y Ética Pública a registrar los fundamentos de las discordias en sus resoluciones. La propuesta del Legislador nacionalista por Maldonado fue ingresada este martes 19 de mayo de 2026 para fortalecer el control democrático del organismo.

Un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de registrar las posturas minoritarias dentro de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) fue radicado este martes 19 de mayo de 2026 por el Diputado Nacional Diego Echeverría.

La normativa propuesta por el representante de Maldonado (VER AQUI) busca que cada resolución administrativa cuente con un respaldo técnico integral, incorporando tanto la visión de la mayoría como las razones de quienes votan en discordia.

Sobre la necesidad de esta reforma, el Legislador Diego Echeverría sostuvo que "este proyecto apunta a combatir el oscurantismo y la falta de transparencia de la Jutep".

En la misma línea, el Diputado Nacional manifestó que "un organismo que debe velar por la ética pública no puede ocultar las diferencias internas ni limitar el acceso a los fundamentos de las decisiones que adopta".

El articulado presentado por el Legislador del Partido Nacional prevé que las constancias de actas se anexen de forma preceptiva a los expedientes para garantizar el libre acceso a la información por parte de la sociedad.

Según explicó Echeverría, la actual omisión de estos fundamentos debilita la motivación de los actos administrativos y lesiona la transparencia de una institución que es referente en el control de la integridad del Estado.

El texto se apoya en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que entiende que las decisiones de los órganos colegiados se conforman por la suma de todas las voluntades y fundamentos expresados.

La propuesta impulsada por el Diputado Nacional advierte que no incluir estos registros podría interpretarse como un vicio de legalidad en las actuaciones futuras del organismo.

Mediante esta herramienta legal, Diego Echeverría pretende asegurar que el sistema político uruguayo cuente con mayores niveles de apertura y rendición de cuentas ante la ciudadanía en todo el territorio nacional.