Punta Colorada
Pablo Donnangelo: “La denuncia contra Antía continúa vigente; No existe ninguna sentencia judicial que diga que los terrenos son públicos”
El Abogado defensor de los denunciantes al Intendente de Maldonado por la demolición de viviendas en Punta Colorada, Dr. Pablo Donnangelo, dialogó con La Mañana en Cadena.
Pablo Donnangelo, explicó que debido a la Ley de Ordenamiento Territorial 18.308, artículo 69: “Se establece que tanto sea una construcción que esté en un terreno privado infringiendo normas reglamentarias o esté en un terreno de dominio público, en cualquiera de los dos casos, los Intendentes Departamentales deben requerir autorización judicial previa para que el Juez autorice la demolición”.
“Ninguna Intendencia puede destruir una construcción sin autorización judicial”, puntualizó.
Además, el Abogado informó que la decisión tomada por la IDM de derribar las viviendas deben de ser sometidas a decisión judicial. “Lo que ocurrió en este caso, es que el Intendente Antía resolvió la demolición de esas casas y le puso fecha para hoy (15 de noviembre) a las 8.00 de la mañana, sin haber obtenido una decisión judicial que lo autorice”.
En tal sentido, el Jefe Comunal fue denunciado por abuso de funciones. “Esta arbitrariedad del Intendente, causa un perjuicio claro a la familia que estamos defendiendo”.
Los abogados especialistas en temas civiles que actualmente están defendiendo a la familia que se vería perjudicada si se derrumban las viviendas, presentaron una acción de amparo y solicitaron al Juez que suspenda la demolición que estaba prevista.
“El Juez de amparo suspende esta demolición y convoca a una audiencia a las partes involucradas, para hoy a las 17.00 horas”.
Si bien las casas no fueron demolidas en la mañana de este 15 de noviembre, Donnangelo indicó que “la denuncia continúa vigente porque en la medida que Antía persista en su arbitraria decisión de ejecutar esta demolición sin autorización judicial, persiste su actuar en contra derecho”.
Por otra parte, manifestó en La Mañana en Cadena que la familia cuenta con todos los títulos de las tierras, donde demuestran que desde el 1752 hasta la fecha, nunca pertenecieron al Estado.
El Defensor sostuvo que las declaraciones vertidas por el Intendente Ing. Enrique Antía, “son inexactas”.
“No existe ninguna sentencia judicial que diga que esos terrenos son del dominio público”, sentenció.