Intendente Antía defiende recuperación de espacio público en Punta Colorada

Antía se enfrenta a una denuncia de abuso de funciones en medio de la polémica por la recuperación de un espacio público en Punta Colorada. El Jefe Comunal asegura que la denuncia busca obstaculizar la recuperación de un área pública avalada por múltiples sentencias judiciales favorables a la IDM.

El conflicto gira en torno a la zona costera que actualmente está siendo utilizada por privados, impidiendo la relocalización de una ONG protectora de animales y la instalación de una escuela de Remo y Kayak para niños de bajos recursos. Antía destaca que la no liberación de este espacio afecta la conservación de la faja costera y proyectos beneficiosos para la comunidad.

La IDM, con autorización ambiental desde septiembre de 2022, busca demoler las estructuras en la zona, respaldada por sentencias judiciales que confirman la propiedad pública de la tierra en cuestión. Sin embargo, enfrenta medidas dilatorias de privados que alegan la propiedad privada de la costa de Punta Colorada.

Ante la denuncia de abuso de funciones, el intendente sostiene que no hay tal abuso, ya que la IDM ha ganado en todas las instancias judiciales anteriores, demostrando que la tierra es pública y no privada. Subraya que las acciones legales de privados son maniobras para ganar tiempo y evitar la demolición.

A pesar de las acciones de amparo presentadas, incluida una reciente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la IDM está autorizada para proceder con la demolición. Antía acusa a otro grupo de abogados de presentar la denuncia de abuso de funciones como una táctica para prolongar la situación.

"Es un tema que viene del año 1995. Hay un juicio que la Intendencia lo gana en varias oportunidades hasta que llegó a Casación y la Suprema Corte de Justicia laudó que son terrenos públicos y no privados. A pesar de eso siguieron poniendo trabas. No hay ningún abuso de funciones".

Los vecinos

El abogado, Pablo Donnángelo que conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial, el Estado está obligado a obtener una resolución judicial que avale la demolición. "Lo que están haciendo es producir la demolición sin resolución alguna. Es una violación grosera de la ley y lo hace incurrir, eventualmente, en una conducta delictiva de abuso de funciones", enfatizó.

Aunque la demolición estaba programada para este miércoles, una acción de amparo presentada por los residentes, respaldada por otros profesionales del derecho, logró suspenderla provisionalmente hasta que se emita un fallo judicial.

"Se está dirimiendo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El acto administrativo en que se basan está siendo debatido. No entendemos cuál es el apuro de la intendencia en derribar sin esperar el tribunal que va a anular o no la demolición", concluyó.

El magistrado de quinto turno en Maldonado, Federico Rodríguez, ha ordenado como medida cautelar la detención de la demolición programada para este miércoles de siete residencias en Punta Colorada. Asimismo, ha convocado a una audiencia con las autoridades locales, según informó La Diaria y fue corroborado por fuentes judiciales ante El Observador.

Esta decisión surge como consecuencia de la presentación de un recurso de amparo por parte de dos profesionales del derecho, quienes buscaban la suspensión de las demoliciones. En el padrón destinado a estas demoliciones también se encuentra el área donde opera la organización no gubernamental SOS Fauna Marina.