ACTUALIZACIÓN
Dra. Beatriz Leivas (terrenos con documentación falsa): “Con estos documentos es que la gente denuncia a los legítimos poseedores por usurpación”.
La abogada detalló el complejo entramado de escrituras y poderes apócrifos utilizados para despojar a tenedores legítimos. Tras años de actuaciones ante la Justicia y Fiscalía, la profesional remarcó la importancia de las recientes sentencias de nulidad para frenar las maniobras comerciales con inmuebles de la zona.
Una serie de investigaciones impulsadas desde la órbita privada y la Intendencia Departamental de Maldonado puso al descubierto un sofisticado mecanismo de apropiación y comercialización irregular de terrenos de elevado valor en el balneario Punta Negra.
El expediente judicial tomó impulso tras la intervención de la Dra. Beatriz Leivas, defensora de poseedores amparados por el marco normativo legal, quien logró probar ante la Justicia la falsedad ideológica y material de la documentación presentada por una red operativa para reclamar la titularidad de los padrones.
Respecto al inicio de las indagatorias y al primer abordaje que permitió destapar el esquema de maniobras en la zona, la Dra. Beatriz Leivas explicó: “El primer caso que me llegó es el que abre la caja de Pandora. Un empleado de la inmobiliaria se presenta en el domicilio de mi cliente a decirle que ese padrón tiene dueño y lo amenazan con denunciarlo penal y civilmente”.
Al investigar la validez de los títulos presentados para exigir la entrega de los inmuebles, la profesional constató anomalías en la escribanía autorizante.
Sobre este punto, la abogada sostuvo: “Me encuentro con una noticia maravillosa para mí en ese momento: este escribano no tenía matriz, no tenía protocolo y estaba desinvestido por la Suprema Corte de Justicia, por tanto esos poderes eran nulos”.

En relación con el accionar coordinado entre los participantes de la red para validar las operaciones y gestionar trámites administrativos, la profesional detalló el funcionamiento de la estructura: “Se trataba de la utilización de distintos poderes, donde los poderdantes eran ciudadanos argentinos de avanzada edad, dueños de muchos padrones. Teníamos todo un modus operandi: el mismo apoderado, la misma escribana que se sustituía a los poderes y la misma que los protocolizaba”.
La abogada remarcó el perjuicio generado sobre los poseedores con derechos amparados y el uso de la vía penal por parte de los denunciantes.
Al respecto, afirmó: “Con esta documentación supuestamente fraudulenta es que la gente denuncia a los poseedores por usurpación. El fiscal manda a restituir los bienes bajo apercibimiento de ser formalizados. Por una persona decir que está formalizada o sometida a un proceso penal, de plano la gente abandonaba y devolvía sus terrenos”.
Finalmente, sobre la envergadura del fraude y el volumen de inmuebles afectados por estas operaciones en la franja costera, la defensora concluyó: “Entiendo que estamos hablando de más de 100 padrones. Es decir, casi todo Punta Negra fue comercializado de esta forma”.