Adriana Graziuso: "La denuncia al Intendente no nos ha llegado, no se que mas puede haber, no quiero pensar mal"

La intendencia, que ha librado una batalla legal desde 1995 para recuperar terrenos catalogados como de dominio público, se encuentra ahora en un tema judicial tras recibir una denuncia penal, arrojando una nueva capa de complejidad a esta contienda.

"En el año 2014 es una de las últimas sentencias que hay donde te vuelve a decir que no es propiedad privada de estas personas, te vuelve a decir que su espacio público, también en el 2021, estas mismas personas iniciaron un amparo, tal vez no tuvo la publicidad de este, donde se le dijo que no era propiedad de ello".

Graziuso destacó el significativo trabajo jurídico y notarial que se ha realizado durante décadas, respaldado por múltiples sentencias que confirman la propiedad pública de las tierras en disputa. Desde la década de 1990, la intendencia ha emprendido acciones para recuperar estas tierras, marcando un esfuerzo sostenido a través de distintas administraciones.

Un elemento clave en esta disputa es SOS Fauna Marina, una organización que actualmente ocuparía parte de esas tierras. La intendencia busca realojar a esta organización en un lugar más adecuado medioambientalmente. 

"La recuperación y el ordenamiento de todo esto, y lleva muchos años también porque los años de la justicia, el tiempo de la justicia no es igual al tiempo de las obras o de lo que se pretende hacer ahora, nuestra única pretensión, ir aquí. Sos Fauna Marina tuviera un lugar digno para funcionar, o sea, que sería realojado aquí".

La directora informó que, a pesar de haber notificado anticipadamente a los abogados sobre la fecha programada para la demolición, la intendencia ahora se enfrenta a una denuncia penal, aunque no han recibido detalles precisos sobre la misma. Este nuevo elemento ha inyectado incertidumbre sobre el rumbo futuro de la disputa y ha intensificado la atención sobre la actuación del intendente y su administración.

En cuanto a la situación de la familia, destacó "y desde tiempo atrás y desde ese momento hasta ahora, la familia siempre tratando de que no te efectivizara la demolición, concurriendo a la Intendencia a pedirle a la intendente Antía una solución objetiva y desocupar, y tuvimos mucho tiempo en esa tratativa".

Graziuso expresó su preocupación por la aparente falta de resolución en este caso, enfocándose en la contradicción entre la ocupación de las tierras públicas y la afirmación de la familia ocupante de que no residen en la zona. Hizo hincapié en que la disputa no se centra en el derecho a la vivienda, sino en el uso de propiedad pública para construcciones privadas.

La directora de asuntos legales señaló la aparente discrepancia entre las consideraciones humanitarias y el tiempo prolongado de negociaciones, sugiriendo que podría haberse utilizado la intendencia para intereses privados. Además, Graziuso abordó la denuncia penal presentada contra el intendente Antía, destacando la supervisión legal y la vigencia de la resolución en cuestión.

"No viven en sí porque hemos ido a hacer notificaciones y allí no hay gente, incluso lo afirman en la propia demanda de amparo que no viven en forma permanente ahí. ¿Entonces, de qué estamos hablando? No estamos hablando de ningún derecho a vivienda, estamos hablando de propiedad pública, ese es el gran tema y no es la demolición o no de las casas. Estamos hablando que en una propiedad pública hay casas particulares".

En relación con la acusación de abuso de funciones por parte del intendente, Graziuso afirmó que, desde la perspectiva legal, la intendencia está supervisada por la justicia, y la resolución está respaldada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La discusión técnica sobre la legalidad de ejecutar la demolición sin un pronunciamiento judicial será llevada a los juzgados.

"Para nosotros no se ajusta a Derecho porque estamos supervisados por la Justicia, porque este tema se encuentra en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y es una resolución del Intendente que está vigente entonces y por los tiempos corresponde y no es fuera de derecho ejecutar esta decisión del  Intendente".

En la entrevista, Graziuso respondió a las especulaciones sobre posibles motivaciones políticas o intereses privados detrás de la denuncia, enfatizando que la intendencia siempre ha actuado conforme a derecho y que el caso ahora está bajo la jurisdicción de la justicia.

"Lo volveremos a discutir en los Juzgados y eterna la discusión en los juzgados no termina más. Parece mentira que se esté abusando de las vías procesales que da nuestro país y no se acaten esas sentencias. Nosotros tenemos nuestra posición, pero que no viene solo de esta administración. Al día viene de otras administraciones como la del intendente De Los Santos, o sea, diversos signos políticos".