Nuevas denuncias por ocupaciones ilegales y construcciones irregulares en Playa Verde

Durante el fin de semana, crecieron las denuncias por nuevas ocupaciones en la ladera norte del Cerro del Burro, en la zona de la Ruta 73 Camino Las Flores.

Vecinos de la zona han observado la presencia de personas con materiales de construcción y carpas instaladas entre la vegetación, además de la tala de monte nativo y construcciones precarias. Estas ocupaciones se producen en los mismos lugares donde la policía y la Intendencia ya habían desalojado a ocupantes en abril de 2021.

Los vecinos aseguran haber visto vehículos llegando al lugar durante la tarde y la noche, cubriéndose en la oscuridad para traer materiales y elementos de construcción. Durante el día, se escuchan sonidos de hachazos dentro del monte nativo, evidenciando la destrucción del entorno natural y la ocupación ilegal de terrenos privados.

Aunque la policía ha respondido adecuadamente en el pasado, el problema parece residir en la Fiscalía. Muchos vecinos han contratado abogados para manejar estas denuncias, que a menudo terminan sin resolución o en la Justicia Civil. En algunos casos, propietarios y representantes legales han tenido que negociar pagos a los ocupantes ilegales para que abandonen los terrenos.

Esta situación no es nueva en la zona costera oeste del departamento de Maldonado. A pesar de que las ocupaciones en zonas costeras tienen un agravante penal, la falta de interés y acción por parte de las fiscalías permite que estas prácticas continúen.

Los ocupantes ilegales, mayoritariamente provenientes de Montevideo, prefieren ubicarse en propiedades privadas cercanas al mar, aprovechando la desestimación de las autoridades.

Un vecino entrevistado por Cadena del Mar comentó: "Toda esta gente, la mayoría son de Montevideo, no eligen lugares para ocupar campo adentro. Se vienen a meter a lugares privados a pocos metros del mar. De bobos no tienen nada".

Algunos referentes zonales entienden que el inicio de la movida político electoral, sería oportuno que los políticos del departamento se involucren en estos asuntos. Aunque algunos han actuado en el pasado, queda claro que eso no es suficiente. A menos de tres años de aquellas ocupaciones ilegales, el mismo problema vuelve a resurgir, evidenciando que algo no está funcionando adecuadamente, según señalan.