caso balcedo
Paola Fiege: “Tres niños chiquitos estuvieron presentes, retenidos mientras se desarrollaba todo. Hay videos horrorosos".
En conversación con Cadena del Mar, la empresaria argentina confirmó que evalúa una demanda indemnizatoria contra el Estado uruguayo por un monto cercano a los 200 millones de dólares, tras el reciente emplazamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La cifra, según detalló, busca reparar el daño reputacional, el lucro cesante por empresas paralizadas y la vulneración de derechos sufrida por su familia durante los últimos ocho años; a raiz de actuaciones jurisdiccionales que generan un manto de sospecha procedimental.
Casi una década ha transcurrido desde que la familia argentina Balcedo-Fiege sufrió un allanamiento sin precedentes por parte de las autoridades del Uruguay.
A los pocos días del procedimiento, la Justicia Argentina envió una circular a su par en nuestro país, descartando rotundamente el hecho. Elemento de robusta contundencia jurídica, que arroja mantos de oscuridad en cuanto a cómo se actuó con la familia precitada.
Paola Fiege, conversó este miércoles 25 de febrero en "La Mañana en Cadena", instancia donde señaló -entre otros extremos- que desde aquel momento, la pareja ha vivido en un "limbo jurídico" que les ha impedido gestionar sus negocios presencialmente, con activos incautados —como vehículos y un avión— que no tenían relación con el objeto original de la causa argentina.
“Cuando una empresa no puede operar con normalidad durante casi una década, el daño no es teórico, es medible”, afirmó, destacando que la etiqueta de "narcotráfico" instalada inicialmente, fue una narrativa falsa que las autoridades nunca corrigieron públicamente.
En este sentido, la esposa de Marcelo Balcedo brindó detalles sobre la notificación de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que otorga al Estado uruguayo un plazo máximo de tres meses -con posibilidad de prórroga de un mes más- para explicar sobre elementos referidos a las actuaciones judiciales en su contra.
Además, Feige, confirmó que la familia evalúa una demanda indemnizatoria contra el Uruguay y eventualmente, también Argentina, que podría alcanzar los 200 millones de dólares por lucro cesante y daño moral. Tal cual lo informó de manera exclusiva Cadena del Mar en el día de ayer.
La empresaria subrayó que el operativo en su residencia de Playa Verde (Municipio de Piriápolis) en el año 2018 excedió cualquier marco legal razonable y vulneró gravemente a sus hijos, quienes tenían 2, 4 y 7 años al momento del operativo cuestionado: "Fueron retenidos mientras se desarrollaba todo. Hay videos horrorosos"; expresó con solidez y clara angustia.
Agregó: “El interés superior del niño no es una frase simbólica, es una obligación jurídica y nadie explicó por qué era necesario ese nivel de violencia o exposición”, denunció Fiege en los micrófonos de Cadena del Mar.
La entrevistada también criticó la falta de garantías en el debido proceso, asegurando que se vieron obligados a aceptar un acuerdo de culpabilidad en nuestro país, "bajo extorsión" para preservar la integridad de su núcleo familiar.
Fiege insistió en que el dinamismo y claridad con el que actuó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, responde a las "inconsistencias y desproporciones" del caso.
“Nosotros no pedimos privilegios, solo un debido proceso y la presunción de inocencia que no tuvimos desde el día uno”, concluyó, reafirmando que irán hasta las últimas consecuencias para obtener justicia.
Diversos juristas y auxiliares de la Justicia consultados por Cadena del Mar, entienden que este, será en los próximos años "un caso de estudio universitario sin lugar a dudas".
