Captación Ilegal de Clientes (siniestros de tránsito): condenaron a un policía, un empresario y una auxiliar de enfermería.

La Justicia dictó tres nuevas sentencias en la causa que permitió descubrir una organización dedicada a obtener información reservada sobre víctimas de siniestros de tránsito para facilitar su captación como clientes de determinados estudios jurídicos.

Las resoluciones fueron adoptadas por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno de Montevideo, mediante procesos abreviados por delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada.

Las actuaciones dejaron al descubierto una estructura que reunía a personas de diferentes ámbitos laborales, entre ellas profesionales del Derecho, efectivos policiales, gestores, empresarios y funcionarios públicos.

También surgieron vinculaciones con inspectores de tránsito, personal de enfermería y conductores de ambulancias.

Las penas más en la etapa procesal de esta semana, recayeron sobre un policía, sentenciado a tres años de penitenciaría, una multa de 50 Unidades Reajustables (UR), equivalente a unos $ 98.000, y 2 años de inhabilitación para ejercer el cargo.

Por su parte, el empresario y la auxiliar de enfermería recibieron penas de 24 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario total durante los primeros 18 meses.

Además de las personas de Maldonado imputadas oportunamente, fuentes de Cadena del Mar (106.5 F.M.) reiteraron que otros dos abogados del departamento están bajo investigación. Uno mantiene una vinculación laboral con el Ministerio del Interior, mientras que el restante ejerce la libre profesión.

Según la Fiscalía, el efectivo policial condenado actuaba como un captador, estableciendo contactos entre quienes proporcionaban datos confidenciales y los abogados interesados en gestionar indemnizaciones. Por esa actividad recibía dinero y mantenía vínculos con un letrado anteriormente imputado.

Los otros dos sentenciados, en cambio, desempeñaban tareas de informantes, suministrando nombres, teléfonos, domicilios y circunstancias de los hechos que permitían localizar a los damnificados o sus familiares; según detallaron los colegas periodistas de El País.

El mecanismo funcionaba mediante una distribución de responsabilidades: quienes accedían a registros restringidos facilitaban la información a los captadores, que posteriormente derivaban los casos a los denominados promotores, principalmente abogados encargados de tramitar compensaciones mediante el Seguro Obligatorio de Automotores (SOA).

Estos últimos pagaban por los antecedentes obtenidos y percibían beneficios económicos a través de las reclamaciones gestionadas.

Con las últimas resoluciones, la causa alcanza a 23 personas imputadas, de las cuales 21 fueron condenadas y otras dos permanecen bajo medidas cautelares.

Imagen: El Observador