Investigan
Escándalo judicial: la Corte Suprema pone a Pitty bajo la lupa por presunta estafa.
El máximo tribunal argentino resolvió un conflicto de competencia y determinó que la causa contra Verónica Asad, conocida como “Pitty, la numeróloga”, continúe en el fuero común tras denuncias de despojo de bienes a personas vulnerables.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina decidió el jueves 19 de febrero que se investigue una denuncia penal contra Verónica Asad, más conocida como Pitty, la numeróloga, acusada de presuntamente aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad para despojarlas de bienes y dinero, en una causa que ahora avanza en instrucción.
La resolución es relevante porque puso fin a un prolongado conflicto de competencia entre juzgados federales y de instrucción ordinaria, estableciendo la vía adecuada para la investigación.
La denuncia judicial fue presentada por Pablo Salum, quien se define como fundador de “Red LibreMentes” y activista contra las pseudociencias coercitivas, y sostiene que Asad habría captado psicológicamente a clientes vulnerables para manipularlos en beneficio propio. Ante una polémica inicial sobre en qué jurisdicción debía tramitar el caso, el máximo tribunal optó por que sea la Justicia penal ordinaria la encargada de investigar los hechos.
El conflicto de competencia surgió porque un juzgado de instrucción remitió la causa a un tribunal federal, argumentando conexiones con otra investigación que había implicado a exfuncionarias del Banco Nación en la contratación de la numeróloga para un supuesto “curso de coach”. Sin embargo, el Juzgado Federal Nº 9 rechazó intervenir en el caso de Salum, lo que llevó la controversia ante la Corte Suprema.
La Corte Suprema, siguiendo el dictamen del Procurador General de la Nación, entendió que las acusaciones vinculadas a la actividad privada de Asad como numeróloga no constituían un supuesto federal y debían investigarse en la justicia ordinaria. Intervinieron en la decisión los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En paralelo, en una causa previa tramitada en el fuero federal se había investigado la contratación de Asad por parte de la entonces presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros, por presuntos delitos relacionados con el uso de fondos públicos, imputaciones que finalmente fueron sobreseídas tras una auditoría interna que no detectó perjuicio patrimonial para la institución.
Pitty, quien suma presencia mediática y un gran número de seguidores en redes sociales, rechazó las acusaciones y aseguró que no existe estafa ni manipulación, calificando a quien presentó la denuncia como un acosador persistente, en declaraciones ante medios televisivos.
Ahora, el expediente continuará su curso en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 31, donde se evaluarán las pruebas y se determinará si existen méritos para avanzar con medidas procesales más profundas. El resultado de esta etapa será clave para definir si las presuntas conductas denunciadas configuran delitos efectivamente sancionables.