Más policías e IA: así reforzará el Gobierno la seguridad pública.

La creación de 300 nuevos cargos policiales, la incorporación de vehículos, el despliegue de comisarías móviles y la expansión de herramientas tecnológicas forman parte de las medidas que el Poder Ejecutivo impulsa para fortalecer la seguridad pública mediante la Rendición de Cuentas.

La iniciativa, que ya comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados, reúne varias de las prioridades definidas por el Ministerio del Interior para incrementar la presencia policial, optimizar la capacidad de respuesta y modernizar los sistemas de vigilancia e identificación.

De acuerdo con el anexo de Áreas Programáticas, el área de Seguridad Pública ejecutó $ 47.412 millones durante 2025 sobre un crédito total de $ 50.999 millones, alcanzando un nivel de ejecución del 92,97%. En conjunto, representa el 4,75% del gasto ejecutado del Estado, ubicándose entre las funciones con mayor asignación de recursos.

La mayor parte de ese presupuesto corresponde al programa Prevención y represión del delito, con $ 36.526 millones. Le siguen Gestión de la privación de libertad, con $ 10.798 millones; Prevención y combate de incendios y siniestros, con $ 2.792 millones; y Seguridad vial, con $ 882 millones.

Entre las principales medidas figura la creación de 300 cargos de agente destinados al patrullaje preventivo.

El Ministerio del Interior fundamentó la iniciativa en la necesidad de reforzar la presencia policial frente al narcotráfico y la disputa entre bandas, contemplando además el equipamiento necesario para los nuevos efectivos.

El proyecto también asigna $ 144 millones para la adquisición de nuevos vehículos policiales, con el objetivo de reducir la cantidad de móviles fuera de servicio, ampliar la capacidad operativa y fortalecer el patrullaje como herramienta de disuasión del delito.

En materia tecnológica, la Rendición de Cuentas incorpora el uso de inteligencia artificial para mejorar la respuesta ante situaciones de violencia doméstica y de género, además de respaldar tareas de investigación criminal y análisis delictivo.

Estas acciones se complementarán con sistemas de valoración de riesgo, capacitación especializada, mejoras en el acceso a la justicia en el ámbito rural y el abordaje de la violencia digital, inicialmente enfocado en niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, el Ministerio del Interior prevé avanzar en la digitalización de la atención en las seccionales policiales mediante herramientas que permitan realizar trámites y denuncias con mayor agilidad, reduciendo los tiempos de espera y liberando recursos humanos para tareas operativas.

Otra de las medidas contempla la instalación de salas de monitoreo en territorios priorizados, donde se integrarán videovigilancia, despacho de móviles, comunicaciones por radio, georreferenciación, patrullaje, análisis criminal y preservación de evidencia.

A ello se sumará la incorporación de 12 comisarías móviles, equipadas para brindar presencia policial y atención a la ciudadanía en las zonas definidas como prioritarias dentro del Plan Nacional de Seguridad.

El proyecto también prevé ampliar la cobertura del sistema ShotSpotter para la detección acústica de disparos en los sectores de mayor incidencia delictiva e implementar un Sistema Nacional de Biometría Multimodal, destinado a fortalecer la identificación civil, criminal, forense, penitenciaria y fronteriza, reduciendo los tiempos de respuesta en investigaciones complejas.

Otra de las novedades será la habilitación del Documento Nacional de Identidad en formato digital, que coexistirá con la actual cédula física.

El anexo de la Rendición de Cuentas también advierte sobre el crecimiento de las estafas y los fraudes informáticos.

La tasa pasó de 417,2 denuncias cada 100.000 habitantes en 2021 a 878,6 en 2024, antes de descender a 729,5 en 2025, un escenario que, según el documento, refuerza la necesidad de ampliar la inversión en herramientas tecnológicas.

En materia de seguridad vial, la iniciativa incorpora sanciones para quienes circulen con vehículos sin identificación reglamentaria o con matrículas adulteradas o correspondientes a otros automóviles.

Asimismo, establece que la detección positiva de cocaína será causal de inhabilitación y retiro preventivo del permiso de conducir.

Por otra parte, la Rendición de Cuentas propone crear el Instituto Nacional de Reinserción, un servicio descentralizado que sustituirá al actual Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para administrar las cárceles y las medidas alternativas a la prisión.

El nuevo organismo contará con mayor autonomía de gestión, podrá expropiar inmuebles y acceder a exoneraciones tributarias para cumplir sus cometidos.

Además, se crearán tres cargos gerenciales con el objetivo de fortalecer la administración de un sistema penitenciario que actualmente supera las 16.800 personas privadas de libertad.