Eduardo Elinger (PC-100): “Maldonado necesita una oficina presencial de Defensa del Consumidor”.

El Edil Colorado, Eduardo Elinger, insistirá en la Junta Departamental de Maldonado con la necesidad de reinstalar una oficina presencial de Defensa del Consumidor en la capital departamental, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a reclamos, consultas y asesoramiento vinculados a la Ley 17.250.

El dirigente recordó que en enero de 2019 la administración del entonces Presidente Dr. Tabaré Vázquez y la Intendencia de Maldonado firmaron un convenio que permitió instalar una oficina en la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este.

Sin embargo, señaló que desde aquel momento entendió que “no era el lugar ideal para atender los reclamos de todos los vecinos del departamento”.

“Nosotros nunca estuvimos en contra de la oficina en Punta del Este, pero sí creíamos que Maldonado debía contar con un espacio más accesible y con atención presencial”, expresó.

Elinger cuestionó que actualmente las denuncias y consultas deban canalizarse exclusivamente mediante formularios web o llamados telefónicos. “Hoy la gente tiene que recurrir a internet o llamar por teléfono y muchas veces no obtiene respuesta o no sabe cómo completar los trámites”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la situación afecta especialmente a los adultos mayores. “Las nuevas tecnologías pueden ayudar, pero también se transforman en una barrera para mucha gente que no logra manejarlas o se pierde en procesos burocráticos”, indicó.

El curul consideró que el problema adquiere mayor relevancia en un departamento con fuerte crecimiento poblacional y comercial. “Maldonado creció casi un 30% en la última década y eso implica más oferta, más consumo y también más conflictos que necesitan seguimiento y regulación”, manifestó.

Además, remarcó que muchas familias realizan importantes esfuerzos económicos antes de concretar compras o contratar servicios. “La gente se endeuda o hace sacrificios enormes para adquirir productos vinculados a la salud o al comercio en general y, cuando necesita respaldo, se encuentra con un formulario frío o con una atención telefónica que se diluye”, señaló.

Entre las situaciones más frecuentes que llegan a las oficinas de Defensa del Consumidor se encuentran problemas vinculados a garantías de productos, incumplimientos en compras, servicios financieros, dificultades con empresas de telefonía, reclamos por electrodomésticos defectuosos, cargos indebidos, contratos de servicios, retrasos en entregas y conflictos derivados del comercio electrónico.

También suelen registrarse denuncias por publicidad engañosa, inconvenientes con agencias de viaje, paquetes turísticos y cobros que los consumidores consideran abusivos o no autorizados.

El Edil adelantó que propondrá que la Intendencia Departamental y el Ministerio de Economía y Finanzas vuelvan a suscribir un convenio de cooperación para recuperar la atención cara a cara. “No estamos hablando de generar nuevos cargos ni estructuras; el convenio original ya establecía que se utilizarían funcionarios existentes”, explicó.

Según detalló, la idea es que al menos un funcionario pueda orientar a los vecinos, colaborar en la carga de formularios y realizar un seguimiento básico de cada situación. “A veces lo que la gente necesita no es solamente hacer un trámite, sino sentirse acompañada y entendida”, afirmó.

El planteo del representante colorado se da en un contexto donde las consultas y reclamos vinculados a relaciones de consumo continúan teniendo un volumen significativo en Uruguay.

Datos de la Unidad de Defensa del Consumidor obtenidos por Cadena del Mar, indican que durante el año 2024 se registraron más de 18.000 casos de reclamos a nivel nacional, principalmente relacionados con servicios, productos y servicios financieros. Y en el 2025, la cifra podría superarse ampliamente.

Finalmente, Elinger sostuvo que el actual sistema termina alejando a muchos ciudadanos de la posibilidad de reclamar. “Tenemos un marco jurídico amplio para defender al consumidor, pero cuando llega el momento de ejercer esos derechos aparece más burocracia que soluciones”, concluyó.