DECLARACIÓN
Coalición Republicana: Legisladores nacionales condenan dictadura venezolana y reafirman solidaridad con su pueblo.
Según una declaración conjunta emitida en Montevideo este miércoles 7 de enero, los legisladores de los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto e Independiente expresaron su “más absoluta condena” al régimen dictatorial de Venezuela, denunciando años de ilegitimidad, represión sistemática, fraude electoral y terrorismo de Estado. La declaración también exige una transición democrática pacífica.
La declaración, firmada por representantes de cuatro fuerzas políticas uruguayas (Coalición Republicana), se emite en un contexto de creciente tensión internacional tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, que según los legisladores, fueron fraudulentas y que llevaron a la designación de Edmundo González Urrutia como presidente por voluntad popular —una decisión que el régimen de Nicolás Maduro no reconoce.
Condena contundente al régimen de Maduro
En el primer punto, los legisladores señalan:
“Nuestra más absoluta condena al régimen dictatorial venezolano, sostenido durante años de manera ilegítima, apelando a la persecución, a la represión y a la encarcelación sistemática de la disidencia, a la violación contumaz de los derechos humanos, al fraude electoral y al terrorismo de Estado”.
Este juicio refleja una postura unánime entre los partidos firmantes, que ven en el gobierno de Maduro un sistema autoritario que ha erosionado las instituciones democráticas y violado los principios fundamentales del Estado de Derecho.
El segundo punto subraya que la eventual salida del poder de Nicolás Maduro no resolvería por sí sola la crisis venezolana. En cambio, se exige el inicio de un proceso que restablezca una sociedad libre, plural y democrática, respetuosa del pronunciamiento popular del 28 de julio de 2024.
Los legisladores destacan que el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como Presidente legítimo por parte del pueblo venezolano debe ser el punto de partida para cualquier solución política.
En el tercer punto, los legisladores critican duramente el fracaso de los organismos internacionales y del derecho internacional para proteger los derechos humanos en Venezuela. Además, señalan que los aliados ideológicos del chavismo —tanto locales como regionales y mundiales— han optado por el silencio cómplice frente a un régimen opresor.
“Por su parte, los amigos ideológicos del chavismo y de Maduro, locales, regionales y mundiales, que otrora fueran aliados o socios de los gobernantes venezolanos, se convirtieron en meros cómplices silenciosos de un régimen oprobioso y opresor de su pueblo”, expresa el documento.
El cuarto punto alerta sobre cómo el principio de “no intervención” está siendo malinterpretado y utilizado como escudo para proteger a organizaciones terroristas y narcotraficantes que operan desde territorio venezolano.
“Permite la detención de integrantes de organizaciones terroristas y narcotraficantes, que se escudan en naciones y gobiernos para delinquir y no responder ante la Justicia”, señalan los legisladores.
Esta crítica apunta directamente a la necesidad de reformular las normas internacionales para evitar que países utilicen la soberanía como pretexto para amparar actividades ilegales.
No intervención no significa indiferencia
Aunque los legisladores rechazan cualquier tipo de intervención extranjera, enfatizan que esto no implica indiferencia. Por el contrario, exigen que Uruguay y otros países mantengan una posición activa y ética frente a la situación venezolana.
“Para nosotros la realidad venezolana nunca nos fue indiferente, a diferencia de quienes eligieron por convicción o conveniencia mantener un despreciable silencio o incluso negar notorias injerencias extranjeras en territorio venezolano que hoy salen a la luz”.
Finalmente, los parlamentarios recalcan la solidaridad del Uruguay con el pueblo venezolano, recordando que durante décadas el país recibió a miles de compatriotas venezolanos que buscaron refugio en tiempos de dictadura.
“Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que durante los años de dictadura en Uruguay, recibió a miles de compatriotas que allí vivieron su exilio; augurando el comienzo inmediato de una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad popular, que permita a Venezuela recuperar la libertad, la institucionalidad, la convivencia democrática, la plena vigencia de los derechos humanos y el retorno de sus más de 8 millones de exiliados por el mundo”.
La declaración concluye con un llamado a la comunidad internacional para que apoye una transición genuina, liderada por los propios venezolanos, y que garantice el regreso de los millones de exiliados que huyeron de la represión.
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