Adriana Graziuso: “Cuando un cuidacoches exige dinero, estamos ante un posible delito penal”.

La Directora General de Convivencia Ciudadana de la Intendencia de Maldonado, Dra. Adriana Graziuso, se refirió a la regulación vigente para la actividad de cuidacoches en el departamento y advirtió que exigir dinero o presionar a los conductores puede configurar un delito penal.

“En Maldonado existe desde 2018 un reglamento aprobado por la Junta Departamental que establece cómo debe desarrollarse esta actividad en la vía pública”, explicó la jerarca.

Graziuso subrayó que quienes realizan esta tarea no tienen vínculo laboral con la administración departamental. “Son personas que desarrollan una actividad particular en la vía pública, pero no son funcionarios de la Intendencia de Maldonado. Se trata de una ayuda que eventualmente puede ser retribuida con una propina”, indicó.

En ese sentido, remarcó que la normativa fija límites claros para su actuación. “No pueden exigir ningún tipo de retribución, tampoco canalizar el tránsito ni reservar lugares de estacionamiento”, sostuvo.

La Directora señaló que el rol de los cuidacoches se limita a ofrecer una colaboración voluntaria al conductor. “La función sería, en todo caso, una especie de vigilancia o ayuda al conductor que quiera aceptarla y que después decida si la retribuye o no”, precisó.

Graziuso explicó además que la Intendencia recibe con frecuencia reclamos vinculados a situaciones de presión hacia automovilistas. “Nos llegan muchas quejas por la actividad de los cuidacoches y esas situaciones las canalizamos hacia el Departamento de Tránsito y Transporte, que es el encargado de inspeccionar y controlar esta actividad”, señaló.

Entre las denuncias recibidas, mencionó episodios que afectan especialmente a conductoras. “Muchas veces lo que nos trasladan las mujeres es que algunos cuidacoches toman el espejo del vehículo para impedir que el auto avance”, afirmó.

Ante estos casos, Graziuso fue enfática en señalar que se deben realizar las denuncias correspondientes. “Cuando se exige dinero, se presiona al conductor o se emplea violencia, ya sea verbal o física, debe denunciarse porque puede tratarse de un delito penal”, advirtió.

Asimismo, explicó que el gobierno departamental puede actuar administrativamente cuando se comprueban irregularidades. “Si una persona autorizada incurre en este tipo de conductas, la Intendencia puede retirarle el permiso de forma inmediata”, indicó.

La jerarca también recordó que existen personas que realizan esta actividad sin contar con autorización municipal. “Hay cuidacoches que no están autorizados y, si además realizan estas prácticas indebidas, la situación debe denunciarse igualmente”, agregó.

Finalmente, la Directora General de Convivencia Ciudadana instó a la población a no naturalizar estas situaciones y a recurrir a las autoridades cuando ocurran. “Es importante denunciar y no tener miedo, porque de lo contrario se termina vulnerando la libertad de circulación de las personas”, concluyó.