Adolfo Varela (PN): “Maldonado puede liderar el mercado de carbono”.

El Edil del Partido Nacional Adolfo Varela presentó hoy martes 11 de agosto ante la Junta Departamental una iniciativa destinada a explorar la valorización económica de los servicios ambientales existentes en el territorio.

El proyecto plantea estudiar la generación y eventual comercialización de créditos de carbono mediante recursos naturales administrados por el Gobierno Departamental y predios privados que voluntariamente quieran incorporarse.

La exposición había sido anunciada formalmente bajo el eje de “revalorización ambiental”. 

La propuesta lleva por nombre Programa Departamental para la Valorización de Activos Ambientales y Exploración de Mercados de Carbono y parte de una premisa: ecosistemas que actualmente demandan recursos para su conservación también prestan servicios susceptibles de ser medidos, certificados y, bajo determinadas condiciones, incorporados a mecanismos internacionales.

“Maldonado tiene montes, cuencas, parques y costa. Tiene el activo; lo que falta es generar la herramienta que permita ponerlo en valor de forma responsable”, resumió Varela al cerrar su intervención.

El Legislador departamental sostuvo que los espacios naturales cumplen funciones vinculadas con la captura de dióxido de carbono, regulación del ciclo hídrico, protección frente a la erosión y conservación de biodiversidad.

Bajo ese razonamiento, su iniciativa pretende determinar cuáles reúnen condiciones técnicas para participar de proyectos certificados.

Varela manejó durante su exposición una superficie de 64.522 hectáreas de bosque nativo cartografiado en el departamento y añadió unas 3.500 hectáreas correspondientes, según detalló, a parques, cuencas protegidas y franjas costeras bajo gestión pública.

A partir de esos recursos propone elaborar primero un inventario y evaluar cuáles podrían resultar elegibles.

COSTO NETO CERO Y AVANCE POR ETAPAS

Uno de los puntos que el Edil buscó remarcar es que la iniciativa, tal como fue concebida, no debería generar una nueva carga financiera para las arcas departamentales.

“El programa tiene una regla explícita de costo neto cero. No crea cargos ni oficinas nuevas y empieza con los recursos técnicos que la Intendencia ya posee. Solo avanzaría si los resultados justifican continuar”, explicó.

El esquema proyectado contempla tres fases. La primera estaría dedicada al relevamiento de activos, análisis de elegibilidad y estudio de factibilidad.

Una segunda instancia permitiría desarrollar proyectos piloto y avanzar hacia su certificación con asistencia especializada.

Recién en una tercera etapa se habilitaría una eventual comercialización de créditos certificados.

Según la propuesta, cada avance requeriría una resolución fundada del Intendente, mientras la Junta Departamental recibiría el informe de factibilidad inicial y posteriores reportes sobre la evolución del programa.

“Si los resultados no lo justifican, se detiene. Está pensado para ser prudente, gradual y revisable”, afirmó Varela.

COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO NACIONAL

El proyecto incorpora además la participación del Ministerio de Ambiente antes de cualquier operación hacia el exterior. Uruguay aprobó el Acuerdo de París mediante la Ley 19.439 en 2016 y el Gobierno Nacional viene trabajando sobre las condiciones regulatorias y de integridad necesarias para el desarrollo del mercado voluntario de carbono. 

Varela sostuvo que el Gobierno Departamental debería actuar coordinadamente con las autoridades nacionales y descartó que la iniciativa busque avanzar de manera independiente de la política climática del país.

“Antes de vender un solo crédito desde Maldonado hacia el mundo, el Ministerio de Ambiente tiene que estar de acuerdo”, remarcó.

La propuesta encuentra además un marco general en la legislación uruguaya: la Ley 19.272 incluye entre las materias departamentales la protección del ambiente y el desarrollo sustentable de los recursos naturales dentro de cada jurisdicción.

La Constitución, a su vez, reconoce como fuente de recursos departamentales las rentas provenientes de bienes propiedad del Gobierno Departamental. 

PRODUCTORES PRIVADOS TAMBIÉN PODRÍAN PARTICIPAR

La iniciativa no quedaría limitada a tierras o espacios administrados directamente por la Intendencia.

El planteo contempla que productores rurales y propietarios privados puedan integrar voluntariamente determinados activos naturales mediante convenios.

Para Varela, esa apertura podría darle una dimensión departamental más amplia y transformar el esquema en una herramienta vinculada también con el desarrollo económico rural.

“Eso le da escala y permite que no sea únicamente un programa sobre bienes de la Intendencia, sino una posibilidad para todo el territorio”, sostuvo.

Los eventuales ingresos tendrían, según el proyecto presentado, destinos predeterminados: conservación de ecosistemas, adaptación al cambio climático, adecuación ambiental y cobertura de los costos operativos que demande el propio sistema.

También se prevé un registro contable diferenciado y rendiciones periódicas ante el Legislativo.

UNA APUESTA QUE BUSCA ACUERDOS

Varela procuró finalmente despegar la iniciativa de una identificación exclusivamente partidaria y manifestó su intención de generar respaldo entre las distintas Bancadas.

“Este programa no tiene color político. Cuidar el patrimonio ambiental, buscar nuevas fuentes de ingresos y posicionar al departamento como referente de innovación son objetivos que podemos compartir todos”, afirmó.

El proyecto comenzará ahora su recorrido institucional, donde deberán analizarse su viabilidad técnica, jurídica y económica antes de cualquier implementación.