ACTUALIZACIÓN
Captación Ilegal de Clientes (siniestros de tránsito): 7 policías detenidos y podrían concretarse nuevos arrestos.
La causa encabezada por la Fiscal de Toledo, Dra. Paula Pereyra, avanzó sobre efectivos que habrían accedido a datos reservados de víctimas. El expediente comprende a decenas de indagados, permanece abierto y es conocido como el “caso Caranchos”. Además del hombre de Maldonado que fue imputado oportunamente, fuentes de Cadena del Mar (106.5 F.M.) indicaron que al menos dos abogados del departamento —uno de ellos vinculado laboralmente al Ministerio del Interior— estarían bajo investigación.
Un nuevo avance en las averiguaciones por la captación ilegal de personas involucradas en siniestros de tránsito derivó en la víspera en la detención de 7 policías.
Las diligencias continúan y no se descarta que otras personas sean privadas de libertad.
La investigación, a cargo de la Fiscal de Toledo, Dra. Paula Pereyra, procura establecer responsabilidades dentro de una red dedicada a obtener y comercializar información de víctimas para luego contactarlas y gestionar reclamos ante el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).
La causa alcanza a 69 indagados. Pereyra definió el entramado como una “organización criminal estable, jerarquizada y de funcionamiento prolongado en el tiempo”, cuyos integrantes cumplían “roles claramente diferenciados”.
De ese conjunto, 58 personas habían sido identificadas bajo indagatoria.
Uno de los aspectos centrales del trabajo de Fiscalía es el acceso irregular a material reservado.
Los policías involucrados podían ingresar al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), extraer partes policiales y hacerlos llegar posteriormente a abogados o gestores.
Según Pereyra, la operativa excedía la comercialización de datos personales.
Los implicados descargaban documentación del SGSP y compartían fotografías de actas de espirometrías e incluso imágenes de personas lesionadas mientras permanecían en centros de salud.
La representante del Ministerio Público, también expuso el tenor de algunos intercambios y señaló la existencia de expresiones de deshumanización hacia las víctimas. Como ejemplo citó: “Ojalá esté toda quebrada”.
En una etapa anterior, diez personas fueron condenadas por asociación para delinquir, cohecho calificado especialmente agravado y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravada.
Otros dos involucrados —un abogado y un policía— resultaron imputados y enfrentarán juicio tras no alcanzar un acuerdo con Fiscalía.
El esquema reconstruido por la acusación distingue tres funciones dentro de la maniobra: los “promotores”, principalmente abogados; los “captadores”, que actuaban como gestores o intermediarios; y los “informantes”, entre ellos policías señalados por obtener datos de manera ilegal y entregarlos a cambio de dinero.
Imagen: El Observador.
